Señalan que la radicalidad del “evismo” al momento de asumir medidas para presionar al Gobierno, solo demostraron su desesperación, agravando la delicada situación del país e incrementando el rechazo popular hacia el líder cocalero.
> A las denuncias contra Morales por delitos como Trata de Personas y Estupro, ahora deben sumarse todas las vulneraciones de derechos cometidas durante los bloqueos en la región del Trópico, así como las afectaciones al sector productivo y a la economía nacional.
> Gobierno reitera predisposición para dialogar, abordando temas que competen al Órgano Ejecutivo, excluyendo de este posible acercamiento los procesos que el líder cocalero pueda tener ante otros órganos del Estado.

Tras el pedido de Evo Morales a sus bases para el levantamiento de los bloqueos en la región del Trópico mientras ingresa en huelga de hambre pidiendo diálogo, el asambleísta nacional por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, afirmó que el líder cocalero cometió un “suicidio político” al haber impulsado medidas de presión perjudiciales para la economía nacional, mismas que afectaron en mayor medida a la gente pobre.
En criterio del asambleísta representante de la capital del Estado, la radicalidad del “evismo” al momento de asumir medidas para presionar al Gobierno, con las consecuencias que esto conlleva para la economía nacional, se constituyen en acciones desesperadas que solo consiguieron agravar la delicada situación del país e incrementar el rechazo popular hacia el líder cocalero.
“Evo Morales se suicidó políticamente haciendo más pobres a los pobres en Bolivia. Las medidas radicales que tomó y de las que ahora pretende retroceder, no son justificativo para que el gobierno de Arce no continúe las investigaciones y dé con los autores de distintos delitos, a la cabeza de Morales”, manifestó Pedrazas.
Asimismo, recriminó duramente el hecho de que el presidente Luis Arce no haya asumido acciones inmediatas para evitar que se perjudique a la población con un bloqueo de caminos completamente alejado de cualquier reivindicación social, sino que es solo una maniobra para evitar que el jefe del MAS, responda por sus actos ante la justicia.
Para Pedrazas, a las denuncias contra Morales por delitos como Trata de Personas y Estupro, ahora deben sumarse todas las vulneraciones de derechos cometidas durante los bloqueos en la región del Trópico, así como las afectaciones al sector productivo y a la economía nacional.
“El dirigente cocalero debe ser perseguido y sentenciado por generar inestabilidad y hacer de los bloqueos un mecanismo para volver a los pobres más pobres”, dijo.
Sobre los llamados de Morales a sus bases para levantar el bloqueo de caminos y el anuncio de una huelga de hambre demandando diálogo con el Gobierno, Pedrazas pidió que este tipo de actos no sean motivo para que autoridades pasen por alto el cumplimiento de la norma y se juzgue al líder cocalero por todos los daños provocados al país con medidas de presión que persiguen objetivos políticos e impunidad.
“El presidente Arce debe medir a todos con la misma vara, acá no se trata de que el amiguito retroceda y nos olvidemos de todos los días de bloqueo que nos han hecho más pobres a todos los bolivianos”, finalizó.
El viernes, tras una jornada marcada por enfrentamientos durante el desbloqueo en la región del Trópico, Evo Morales, en conferencia de prensa, pidió al denominado Pacto de Unidad “evista”, analizar la posibilidad de declarar un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, anunciando el inicio de una huelga de hambre por la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno.
Demandando la participación de organismos internacionales y de países amigos como facilitadores del diálogo, la exautoridad señaló que su pedido tiene el propósito de evitar un “derramamiento de sangre entre bolivianos” y que no se provoquen más daños en la economía del país.
Luego de los operativos de desbloqueo iniciados por las fuerzas del orden el día viernes, se logró habilitar la circulación de vehículos desde Cochabamba hacia el occidente del país; sin embargo, hasta ayer, reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, daban cuenta de 16 puntos de bloqueo que impiden el paso hacia el oriente y el sur del país.
Desde el Gobierno, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, respondió a los pedidos de diálogo expresados por Morales y por la Defensoría del Pueblo, señalando que existe predisposición para abordar temas que competen al Órgano Ejecutivo, excluyendo de este posible diálogo los procesos que el líder cocalero pueda tener ante otros órganos del Estado.
“Una vez más reiteramos nuestra voluntad de diálogo para abordar temas que atañen al Órgano Ejecutivo y no a otros órganos del Estado, pensando siempre en Bolivia y tomando en cuenta como premisa fundamental el clamor generalizado del pueblo boliviano de que se levanten todos los bloqueos en nuestro país”, señala parte de la nota de respuesta remitida por el Gobierno a la Defensoría del Pueblo.
Prada también indicó que el Gobierno, en el marco de sus facultades constitucionales, “continuará trabajando para el restablecimiento del orden público y el retorno a la normalidad, así como a la estabilidad de la economía de las familias bolivianas”.
La carta puntualizó que el derecho a la protesta en ninguna parte del mundo se traduce en libertad para atentar contra derechos de la población, ni para afectar la economía o hacer uso de armas de fuego, dinamitas y otros elementos.
Ayer, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, lamentando que alcaldes del Trópico de Cochabamba apoyen el bloqueo impulsado por Evo Morales y centrado en Cochabamba, indicó que estas acciones afectarán de forma directa a sus municipios porque verán reducidos sus ingresos por coparticipación tributaria.
“No tiene sentido que como municipio, que tiene como principal aporte la coparticipación, lo que genera la economía y se distribuye a los municipios, le estés afectando. Si no hay transporte o comercio disminuye la coparticipación. Entonces, toda esta cadena comercial y productiva afecta considerablemente a la economía y, por lo tanto, a la economía de los municipios”, advirtió.
Ruiz detalló que los alcaldes de Villa Tunari, Puerto Villarroel y Chimoré, son parte del bloqueo impulsado por el “evismo” para asegurar la candidatura de Morales y liberarlo de los procesos penales en su contra.
“Lamentamos mucho esa posición, porque lo único que han hecho es perjudicar a su economía y a la economía de su población”, dijo la autoridad en declaraciones al canal estatal.
Acotó además que el tema de bloqueo fue abordado en la reciente reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde autoridades subnacionales demandaron al presidente Arce la aplicación de la Constitución para garantizar el libre tránsito.