Miembros de la Bancada parlamentaria de Creemos, además de asambleístas departamentales de esta organización política, llamaron a organismos internacionales para que se activen todos los mecanismos necesarios contra el Estado Plurinacional de Bolivia ante el grave riesgo de afectación a acuíferos que abastecen del líquido elemento a toda el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, atentando contra los derechos de sus habitantes.

Esta acción busca denunciar la insistencia del gobierno nacional por construir el “Tramo II de la Carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista” atravesando la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Güenda–Urubó, que se constituye la reserva de agua más importante de la zona.

“Este llamamiento de acción urgente lo hemos realizado mediante una nota remitida al Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd y al Relator Especial sobre Agua y Saneamiento, Pedro Arroyo Agudo, a quienes además de haberles transmitido nuestra profunda preocupación les hemos explicado ampliamente los efectos lapidarios que ocasionaría la construcción de esa vía tal como propone el Gobierno”, informó el diputado Walthy Egüez, desde sus redes sociales.

Mediante la referida nota, las Relatorías sobre Agua y Saneamiento y de Derechos Humanos y Medio Ambiente, han tomado conocimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas por la CAF como financiador del proyecto en sentido de efectuar un “…recálculo de ubicación del Tramo I sin que tenga ningún impacto negativo para la UCPN, respetando las normas medioambientales y normas vigentes”, señaló.

La Unidad de Conservación del Patrimonio Natural en cuestión, tiene características de Bosque Tropical Húmedo y brinda diferentes funciones a los ecosistemas. Una de las más importantes con relación a aspectos hidrológicos, es el “efecto esponja”, que tiene que ver con la capacidad de absorción para el almacenamiento de agua muy superior a la de suelos con pastizales o suelos desnudos. Esta cualidad permite sostener la infiltración de agua de lluvia y controlar las crecidas de río e inundaciones.

“Con estas explicaciones, los asambleístas nacionales y departamentales de Santa Cruz hacemos una vehemente exhortación a los organismos internacionales para que el Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento de los acuerdos internacionales relativos al derecho humano de acceso al agua potable y preservación del medioambiente de los que es signatario cumpla con sus obligaciones, así como las regulaciones nacionales, en este caso la Ley N° 208 que protege la UCPN Urubó-Güenda”, finaliza la nota.