Tras la disposición que suspende las interpelaciones a Ministros de Estado hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre los alcances de la censura legislativa, parlamentarios de oposición afirman que se trata de un golpe a la democracia y anunciaron iniciar procesos por prevaricato contra los magistrados de esta instancia.

Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, esta determinación responde a los intereses del poder para evitar que la población, representada por la ALP, pueda interpelar a sus autoridades.

“El gobierno del MAS ha dado un golpe a la democracia y a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, esta resolución ha cercenado la facultad de interpelación que tiene la ALP en contubernio con la justicia constitucional”, señaló.

Por ello, anunció que en los siguientes días formalizará un proceso en contra los magistrados que resolvieron dar curso a la acción de amparo constitucional interpuesta por el titular del Ministerio de Economía.

“Nosotros vamos a iniciar el lunes, un proceso por prevaricato contra estos jueces que a espaldas de la población ha cercenado la facultad de fiscalización a la Asamblea Legislativa”, denunció Pedrazas, apuntando que funcionarios de Gobierno promovieron este recurso para protegerse y no rendir cuentas a la población.

Por su parte, el diputado de Creemos, Walthy Egüez, en su condición de presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara Baja, sostuvo que esta determinación judicial “lesiona gravemente” la responsabilidad y atribución específica de fiscalización conferida al Órgano Legislativo, negando a la ciudadanía el poder conocer o exigir explicaciones a autoridades observadas.

“Esto implica negar al país conocer el manejo y destino de los bienes públicos. En este caso específico los aportes de los trabajadores, recientemente bajo administración de la Gestora Pública, vemos que el Órgano Ejecutivo y la actual presidencia de la Cámara de Diputados orquestaron otra artimaña para evitar que se los fiscalice”, cuestionó.

El viernes, por disposición de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se determinó que los ministros de Estado no podrán ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que el TCP emita un fallo en relación al amparo constitucional iniciado por el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

La decisión judicial argumenta un vacío jurídico en la Ley Nº1350 que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su artículo 4. “(Imposibilidad de designación). I. La Presidenta o el Presidente del Estado, no podrá designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres años posteriores a su destitución.”

“II La autoridad encargada de la designación de las Máximas Autoridades Ejecutivas de las instituciones y empresas públicas, no podrá designar en este cargo a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido objeto de censura por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución”.

Este argumento legal fue expuesto por representantes legales de, al menos, ocho ministerios, quienes en conjunto solicitaron la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar en su condición de terceros interesados. Frente a esta acción legal del Órgano Ejecutivo la defensa legal de la ALP no resguardó la atribución constitucional de fiscalización como responsabilidad ante el Estado.

Este trámite de amparo constitucional iniciado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, tiene origen en su injustificada inasistencia a la Petición de Informe Oral convocada por la Comisión de Política Social para el pasado 27 de abril de 2023, a objeto de explicar el desempeño de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, actitud que motivó la decisión unánime de la Comisión de Política Social de derivar al ministro de Economía y Finanzas Públicas a interpelación, acto que debía efectuarse el pasado 16 de agosto. Efecto del amparo constitucional ese acto de fiscalización fue suspendido.

No obstante, percibiendo el objetivo de este recurso, la Comisión de Política Social sosteniendo su acción fiscalizadora, reprogramó la fecha de Petición de Informe Oral para el próximo 6 de septiembre, acto público al que puede asistir toda la población interesada en el manejo de sus aportes previsionales de largo plazo y de este modo proceder con la responsabilidad de fiscalización que le confiere la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, de acuerdo con el calendario de interpelaciones, el 6 de septiembre debía ser interpelado el ministro de Energía e Hidrocarburos, el 13 de septiembre se fijó fecha de interpelación al ministro de Medio Ambiente y Agua, el 20 de septiembre al ministro de Gobierno, sobre quien además pesan otras siete interpelaciones pendientes, en tanto, el 13 y 20 de septiembre debía ser interpelado el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.