Reprochando las declaraciones emitidas por representantes del sector intercultural, en las que se amenaza de muerte a empresarios privados, asambleístas nacionales, señalaron que este tipo de anuncios solo se veían en épocas de dictadura, lamentando que autoridades no prioricen la aplicación de la ley vigente, ante actos de amedrentamiento contra el sector productivo del país.

En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, el senador por Creemos, Erick Morón, rechazó la amenaza abierta de los denominados “interculturales”, calificando estos anuncios como atentatorios contra la propiedad privada y la democracia, al ser actos dolosos y de terrorismo que solo tienen lugar en gobiernos de facto.

El legislador enfatizó que los bolivianos no se dejarán “amedrentar ni amenazar con sectores que pretenden tener inmunidad por parte del Gobierno nacional”. Asimismo, cuestionó que este tipo de declaraciones sean emitidas por dirigentes que enfrentan procesos en la justicia y cuentan con detención domiciliaria.

“Deberían estar presos por sedición y terrorismo, pero en su lugar, en la conferencia de prensa había personas que tienen detención domiciliaria y que transitan libremente amenazando abiertamente a los empresarios privados”, reprochó el asambleísta.

Lamentando la inacción de autoridades de justicia y de las fuerzas del orden, Morón además se preguntó qué habría pasado si las declaraciones amenazantes hubieran partido de los dueños de los predios, políticos de oposición, cívicos u otros ciudadanos, anunciando abiertamente que la defensa de tierras se efectuaría con armas.

“En ese momento ya estuvieran presos, detenidos por sedición y por terrorismo”, aseveró.

Al respecto, la diputada María René Álvarez, responsabilizó por los recientes hechos de violencia por toma de tierras en la región oriental del país, a pugnas de poder en una dirigencia del sector intercultural, ligada directamente con el masismo radical.

“Los mal llamados interculturales, como el MAS, están en pugnas de poder y continúan avasallando tierras fiscales, reservas naturales y áreas protegidas”, dijo.

Asimismo, adelantando una posible escalada de violencia en caso de que autoridades no atiendan el problema y brinden seguridad a los habitantes de la zona, Álvarez cuestionó que tanto el Ministerio de Gobierno como la misma Policía Boliviana, se hayan declarado “incapaces” de poner orden en el lugar.

“Hay amenazas y declaratorias de conformar grupos armados, exigimos que el Gobierno tome acciones inmediatas o se tendrá que lamentar más violencia con pérdida de vidas como pasó el fin de semana”, expresó.

En ese sentido, planteó que si las instancias llamadas por ley para poner orden, no cuentan con los medios ni el personal para atender estos conflictos, será necesario recurrir a las Fuerzas Armadas para sentar presencia del Estado y evitar que se siga derramando sangre de bolivianos en estas tierras.

Anteriormente, la senadora Centa Rek había señalado que los avasallamientos son parte de una estrategia del gobierno del MAS para invadir Santa Cruz con sus militantes, lo que genera gran preocupación ya que se provoca violencia cometida por grupos armados, mismos que son apañados por la actual administración.

Además, recordó que en la presente gestión se han perpetrado más de una decena de avasallamientos violentos a tierras productivas y áreas protegidas, sin que el Gobierno cumpla con su responsabilidad de brindar protección jurídica y física a los vivientes de esas zonas.

El miércoles, grupos interculturales amenazaron de muerte a empresarios, responsabilizándolos por el deceso de un hombre tras un enfrentamiento en la zona de Guarayos, el fin de semana.

“Condenamos a muerte a los empresarios terratenientes asentados en el sector Las Londras por el acto criminal que ejecutaron en contra de nuestros hijos. Condenamos a muerte a los matones en las empresas por quitar la vida de nuestros hijos de la familia intercultural de San Julián”, manifestó el dirigente Tito Rojas.

Desde el Gobierno, el ministro Eduardo Del Castillo advirtió que no se permitirán amenazas por parte de ninguna persona en medio del conflicto por tierras y se sancionará a quienes porten armas de fuego sin el registro correspondiente. “Si hay alguna persona que está adecuando su conducta a un tipo penal va a tener una sanción ejemplar. Aquí no vamos a permitir que nadie se arme, que nadie amenace con armas de fuego”, señaló la autoridad, puntualizando que los territorios reclamados se tratan de “tierras fiscales” destinadas a reservas, por lo que no pueden ser distribuidas.