El conflicto ambiental generado por el tramo diseñado por el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), quedó en cuarto intermedio, luego del compromiso del nivel central para contratar a una entidad encargada de realizar un estudio técnico sobre ese proyecto vial. El Gobierno firmó dicho convenio el pasado 19 de septiembre y se dio el plazo de tres meses, que concluyen el próximo martes.
En ese marco, la diputada por Santa Cruz cuestionó que se pretenda elaborar un nuevo informe cuando ya existen estudios realizados por profesionales de Santa Cruz, que confirman la situación de vulnerabilidad ambiental dentro de la UCPN Güendá – Urubó y los reservorios de agua destinados a abastecer al área metropolitana cruceña.
En ese marco, la legisladora afirmó que cualquier informe adicional deberá ser complementario y partir de la base de preservar la zona ambiental en todo el tramo 2 y 3 del proyecto carretero.
“También debemos alertar a la Gobernación de Santa Cruz para que tome sus previsiones a partir de este 19 de diciembre y exhortamos a sus respectivas dependencias que hagan el seguimiento al tema, para garantizar el bien mayor de la población que es el acceso al agua”, agregó Álvarez.
En ese sentido, la cuarta secretaria de la Cámara de Diputados remitió una Minuta de Comunicación para que se reafirmen los instrumentos legales y vigentes que protegen a la UCPN Güendá – Urubó.
“Recomiéndese al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de acuerdo a sus competencias, haga prevalecer la Ley Departamental N° 208 del 20 de marzo del 2021, relativa a la creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural-Paisaje Protegido Departamental ´Güendá-Urubó´, así como los estudios de relevamientos técnicos específicos acerca de la existencia de sistemas hidrológicos de recarga de los acuíferos subterráneos y su capacidad de suministro de agua al área metropolitana que sustentaron la constitución de la ley departamental referida. Siendo sólo complementarios los estudios realizados posteriormente al mismo.
«Priorizando así el resguardo de los derechos fundamentales y al acceso de los recursos hídricos para el beneficio de la población cruceña», cita la nota remitida al Gadsc.