Cuestionando una nueva arremetida del masismo en contra de los líderes cívicos que encabezaron las movilizaciones en demanda de un Censo oportuno, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, advirtió una reactivación de la persecución política y reprochó la doble moral demostrada por quienes denuncian las protestas ciudadanas, mientras apañan otras medidas de presión que dañan a la población.

Desde sus redes sociales, el exmandatario expresó sus cuestionamientos a esta determinación judicial y se sumó a la protesta generalizada en contra de la “reactivación masista” de la persecución política contra líderes cruceños por el hecho de haberse manifestado en defensa de los intereses y derechos legítimos de la población.

Asimismo, rechazó la doble moral con que se procede para iniciar procesos y buscar sancionar a ciudadanos que reclaman derechos y el cumplimiento de la norma, mientras se permite que sectores afines recurran a medidas de presión que afectan las actividades de la población y atentan contra la seguridad y la economía nacional.

“La doble moral de los acusadores es evidente cuando apañan los bloqueos y cercos de sus afines, protegen a quien ordenó impedir el ingreso de alimentos a las ciudades y se confabulan con los que promovieron un fraude monumental. Mi apoyo a los perseguidos en otro infame episodio”, manifestó Mesa desde su cuenta de X (Twitter).

Por el mismo medio, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, sostuvo que existe odio por parte del Gobierno hacia la región oriental del país y sus liderazgos cívicos, recordando que fue el departamento de Santa Cruz el protagonista de los 21 días de resistencia contra fraude electoral de 2019 con el que se “pisoteó el 21-F”, además de los 36 días de movilización por una Ley para el Censo que redistribuya recursos y escaños.

“Ahora Evo bloquea y Arce arremete contra los líderes cruceños. Fuerza Santa Cruz”, expresó.

Desde la agrupación Creemos, el diputado Erwin Bazán afirmó que la imputación formal contra cívicos y representantes cruceños provoca molestia ya que se trata de una acción forzada para amedrentar a los que transmitieron al Gobierno el mandato del pueblo para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.

Sin embargo, Bazán lamentó que la demanda ciudadana haya sido utilizada por el rector, Vicente Cuéllar, para beneficio de su candidatura política personal.

“Resulta que ahora ya no le interesa el censo. Estoy muy molesto con el rector, cómo puede ser que le interese más su candidatura que el sacrificio del pueblo cruceño que paró 36 días para conseguir el censo nacional”, declaró el legislador, visiblemente molesto y sorprendido.

Recordó que tras una larga negociación con los voceros de Santa Cruz la noche del 11 de noviembre, el presidente del país Luis Arce anunció la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024, por lo que este acto de protesta no puede ser capitalizado, por Cuéllar, con fines electorales.

“Resulta que es más importante una candidatura que el sacrificio de los cruceños, de cada cruceño que estaba en su rotonda en las calles peleando por el Censo”, insistió.

El jueves, se conoció que el Ministerio Público determinó imputar formalmente a cinco representantes cívicos, que en 2022 lideraron el paro de 36 días en Santa Cruz demandando la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en esta gestión.

De esta forma, Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm; Reinerio Vargas, vicerrector; José Luis Santistevan, abogado constitucionalista; y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, serán investigados por nueve delitos.

La denuncia fue presentada a la Fiscalía de La Paz, el pasado 11 de noviembre de 2022 por Marcelo Mayta, dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto. La misma fue aceptada pese a que los hechos acontecieron en la capital cruceña.