Reiterando los cuestionamientos por el retraso en el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2024, asambleístas de oposición adelantaron que el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) intentará incluir “disposiciones adicionales” dirigidas a atentar contra derechos y disponer irregularidades que no tienen nada que ver con esta normativa.

Tras la complicada aprobación de las modificaciones al PGE 2023, ante la controversia provocada por la inclusión de disposiciones adicionales rechazadas por la oposición y sectores de la sociedad, debido a su carácter persecutorio y violador de derechos. Ahora las observaciones se dirigen a la falta de celeridad que se le estaría dando al análisis del proyecto de Ley Financial para la siguiente gestión.

Para la senadora por Comunidad Ciudadana, Daly Santa María, es reprochable que desde la Cámara Baja no se dé un tratamiento prioritario que permita una aprobación rápida de esta normativa, con su respectiva remisión a la Cámara Alta.

“Tenemos entendido que ha llegado a Diputados y se ha remitido a la respectiva Comisión, tomando en cuenta que estas instancias recién se han conformado la semana pasada, pediríamos que esta norma de una vez sea aprobada y la pasen al Senado”, dijo.

La observación de la asambleísta de oposición tiene que ver con tratar de evitar todos los inconvenientes y situaciones que, días atrás, trabaron la aprobación del presupuesto reformulado 2023 y las posteriores acciones, por parte de instancias subnacionales, para ejercer presión sobre la ALP en busca de sancionar la normativa.

Asimismo, Santa María aseguró que la propuesta de PGE para el 2024, contendrá en su texto “disposiciones adicionales” incluidas por el Ejecutivo para tratar de regular otros aspectos, ajenos al espíritu de una Ley Financial, situación que se ha repetido en los últimos años.

“Estoy segura que el PGE para 2024 va a contener estas disposiciones adicionales, porque todos los años nos hacen lo mismo y con las mismas intenciones”, indicó.

En ese contexto, apuntó que un análisis responsable respecto al contenido del Presupuesto General 2024, requiere de un tiempo prudente que permita conocer a profundidad el contenido de todos los artículos y disposiciones planteadas en el texto de proyecto propuesto.

“Para esto requerimos del tiempo necesario para analizar cada disposición, pues se ha convertido en una costumbre el incluir disposiciones que nada tienen que ver con el Presupuesto General del Estado”, agregó.

Sobre las advertencias expresadas anteriormente por autoridades del Ejecutivo y las consecuencias de no aprobar el PGE reformulado 2023, con todas las disposiciones planteadas inicialmente, Santa María exigió que desde el Ministerio de Economía se explique de qué forma afectó a Gobiernos Subnacionales el retiro de las disposiciones adicionales sexta y séptima del proyecto finalmente aprobado. “Lastimosamente desde este Ministerio se ha tratado de manipular y mentir”, dijo.

Desde el oficialismo, el diputado Jerges Mercado, informó que en la actualidad se trabaja en el proceso de socialización del Proyecto del Ley del PGE 2024 al interior de la bancada del MAS, y posteriormente con otras organizaciones de la sociedad civil.

“Se va llamar a organizaciones sociales, municipios y otras instituciones durante los próximos días, para que sea de conocimiento pleno de la población”, expresó el asambleísta.

Puntualizando que el PGE se trata del principal instrumento de política económica y de gestión del Gobierno, Mercado aseguró que es importante realizar un análisis responsable para una eventual aprobación, siempre en el marco de los plazos establecidos por la Constitución para este efecto.

Al respecto, Santa María pidió que este trabajo se realice con celeridad, en la línea de que miembros del Senado necesitan tratar la propuesta oportunamente, evitando que ocurran situaciones similares a las ocurridas para la aprobación del reformulado 2023.