Tras revelarse la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico de vehículos, detrás del caso de la fallida compra de 41 ambulancias para la gobernación de Potosí, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, apuntó a la modalidad de “compras directas”, aplicada por diferentes instancias de Gobierno, como una forma de beneficiar a organizaciones criminales dedicadas a la actividad ilícita del lavado de dinero.

En conferencia de prensa, el legislador chuquisaqueño señaló que la pugna interna en el partido azul, nuevamente terminaron develando un caso de corrupción, en este caso, no solo por la compra irregular de ambulancias por lo que actualmente una autoridad departamental guarda reclusión, sino por toda la estructura criminal detrás de este hecho.

“Detrás de todo esto hay una red criminal de súbditos pakistaníes, con presuntos indicios de lavado de dinero. Actividad que es de conocimiento de las autoridades bolivianas, En varias instituciones, las investigaciones fueron bajadas a foja cero”, aseveró.

Pedrazas detalló que estas redes operan de dos formas, una de ellas es mediante la constitución de empresas unipersonales que internan vehículos con precios menores a su cotización en los países de origen, en tanto que la segunda modalidad contempla la creación de sociedades en territorio nacional, supuestamente legales, con capacidad para internar una mayor cantidad de motorizados, siempre para su venta en precios menores a los invertidos al momento de su compra en otros continentes.

En criterio del asambleísta, declarar un precio menor permite a estas organizaciones evadir impuestos, pero además, lleva a cuestionar cuál es el beneficio que se persigue al internar vehículos de esta forma.

“¿Quién compra o invierte diez mil dólares para recuperar solo seis mil? Estas empresas trabajan de esta forma y es de conocimiento por parte de la aduana que ha iniciado procesos por esta defraudación, tomando en cuenta parámetros de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”.

En ese sentido, denunció que en septiembre del 2021, una resolución de la Autoridad de Impugnación Tributaria anuló todo un proceso de investigación realizado por la Aduana en relación a la internación de vehículos bajo esta modalidad.

“La pregunta ahora es, qué ha hecho el Viceministerio del área y que se va hacer en adelante, porque no debemos quedarnos en la investigación de cuánta plata ha recibido por coimas un Gobernador, sino por qué se adquiere de forma directa, mediante decretos que datan del gobierno de Evo Morales, sumas que están por arriba de los 7 millones de bolivianos”, cuestionó Pedrazas.

El parlamentario de oposición aseguró que la falta de regulación y las omisiones al momento de controlar este tipo de internaciones a territorio nacional hacen que exista complicidad con organizaciones criminales dedicadas al lavado de dinero.

“Lo que se está haciendo desde Bolivia al no generar normativa y no investigar, es que estas actividades criminales, que tienen que ver con el lavado de dinero, mediante la internación de autos para la compra por parte del Gobierno y particulares, incurran en una defraudación fiscal”, dijo.

Así mismo, exhortó a que autoridades revisen la normativa vigente y no se permitan más irregularidades al momento de efectuar compras para el Estado.

“No solo se debe ver una parte del delito, aquí no solo hay corrupción en un caso concreto, sino hay organizaciones criminales que se están beneficiando de estos decretos inconstitucionales de compra directa y de falencias que se pueden observar en la Autoridad de Impugnación Tributara dependiente del Ministerio de Economía”, precisó Pedrazas.

Apuntó que ya se elevó la respectiva denuncia ante el Viceministerio de Transparencia mediante su página web, pues es esta plataforma es a la que se derivan todas las solicitudes de información que se plantean. Entre los documentos remitidos por el parlamentario están, la resolución de alzada emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, en la que se anula una investigación hecha por la Aduana Nacional, además de documentación sobre los costos reales de vehículos comprados en el exterior y los valores declarados ante la Aduana, (40% menos del costo inicial) que son pagados al momento de la internación.

Días atrás, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró que en el caso ambulancias existe por detrás una “estructura criminal”, en la cual el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, se involucró con una organización radicada en Chile a la cabeza de un ciudadano de Pakistán para el tráfico de vehículos.

“Hay una estructura, una organización en Chile, en Iquique, a la cabeza de un ciudadano pakistaní que ha introducido al país una serie de vehículos de una forma irregular”, expresó la autoridad.

En este caso, la Gobernación de Potosí adjudicó de manera directa la compra de 41 ambulancias a la empresa Estefals Logistics, pero anuló el contrato al denunciarse irregularidades. Después, el representante legal de dicha compañía, Luis Humberto H., recibió detención preventiva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Según la autoridad, los acuerdos se realizaron entre el ciudadano pakistaní y el Gobernador, mientras que el representante de Estefals Logistics era un “tramitador”.

Reveló además que las 41 ambulancias que serían para la Gobernación de Potosí eran parte de 87 vehículos, que habían sido traficados hacia el país y observó que un “tramitador”, de menos de 25 años con un capital mínimo, haya realizado una operación de esa magnitud.

Pedrazas finalizó, señalando que es responsabilidad del Gobierno investigar estas actividades que generalmente son delitos conexos al narcotráfico y otros ilícitos en los que incurren organizaciones criminales de carácter internacional.

“En qué otras actividades ilícitas y de lavado de dinero estarán involucrados aprovechando de situaciones y resoluciones de la propia administración pública”, concluyó el legislador.