De 1.184 feminicidios registrados en la Fiscalía desde la llegada de la Ley 348, solo 349 concluyeron en una sentencia, dejando 799 casos en un limbo judicial, situación que el jurista penalista, Arturo Yáñez, calificó como “un reflejo del desastre del sistema penal boliviano”.

Desde la promulgación de la Ley 348 en 2013 –destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia– hasta el cierre de 2024, el panorama judicial boliviano en casos de feminicidio sigue siendo desolador. De 1.184 casos registrados en la Fiscalía, solo 349 han concluido con una sentencia, dejando 799 casos en un limbo judicial, lo que equivale a que apenas uno de cada cuatro feminicidios encuentra justicia, una realidad que pone en entredicho la eficacia del sistema penal.

Según Virginia Quispe, activista de la organización Sinchi Warmis de Sucre, una sentencia se logra cuando el feminicida se declara culpable en proceso abreviado; sin embargo, “cuando el agresor no se declara culpable, el proceso se convierte en un calvario para las familias: un entramado de bufetes de abogados, tribunales y una burocracia que puede durar más de cuatro años”, donde los hijos de las víctimas suelen ser los más perjudicados, enfrentando una situación de desamparo.

El abogado penalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, califica la situación como “un reflejo del desastre del sistema penal boliviano”. Según Yáñez, “la mayoría de las sentencias se logra por procedimiento abreviado, porque los agresores admiten el hecho, lo que evidencia la falta de una justicia efectiva”, además de la ausencia de equidad y garantías para un debido proceso.

Los datos reflejan la tendencia a un sistema incapaz de responder a la magnitud de la violencia de género en el país. En 2013, solo uno de 26 feminicidios registrados obtuvo sentencia. En 2024, de 84 feminicidios reportados, solo se lograron 27 sentencias.

HUÉRFANOS

A esta crisis se suma el abandono de niños y niñas huérfanos debido a los feminicidios. Desde 2023, más de 1.000 menores se han visto afectados por la muerte de sus madres, con padres en prisión o que también han fallecido. Muchos de ellos terminan en situaciones de extrema vulnerabilidad y el Estado ha perdido su rastro, pues no tiene un registro claro de su paradero.

Aunque parlamentarios y la Defensoría del Pueblo promovieron una ley para proteger a los huérfanos del Feminicidio, la cual incluye beneficios como apoyo económico, asistencia alimentaria y descuentos, la medida sigue sin concretarse y su aplicación sigue siendo incierta.

Según expertos, muchos de estos menores pueden estar en hogares de acogida, con familias ampliadas o incluso en la calle. (Con información de Periodismo Que Cuenta)