Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles una resolución para realizar una inspección en el departamento de Pando, tras varias denuncias de hechos irregulares en una unidad militar, como la presunta agresión sexual a una oficial y la muerte de un conscripto.

Tras un escandaloso caso de violación sexual a una subteniente en instalaciones del Batallón de Ingeniería VI “Riosinho” en Pando, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados programó una inspección “in situ” al batallón del Ejército, para verificar este y otros hechos irregulares recientes.
“Con referencia a las denuncias de violaciones de derechos humanos (DDHH) que hubo, por ejemplo, en el regimiento Riosinho en Pando, sobre la agresión sexual a una subteniente por parte de militares de alto rango, la Comisión ha dispuesto realizar una inspección ‘in situ’, para lo cual una parte de la comisión va a viajar al lugar de los hechos a ver estos aspectos”, informó ayer la presidenta de esta delegación y diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez.
La inspección está programada para la tercera semana de febrero y, se tiene previsto que el equipo de legisladores visite también hospitales y centros psiquiátricos para investigar otros casos que fueron denunciados, agregó Yañíquez.
Este asunto se ventiló durante la segunda sesión de la Comisión. La diputada aseguró que las unidades militares requieren la fiscalización de la Comisión de DDHH que ella preside, de acuerdo con información de ABI.
Entre otras denuncias de hechos irregulares hacia los conscriptos, se verificará también el caso del deceso de un militar en 2022 quien, según sus superiores, falleció accidentalmente al golpearse la cabeza mientras jugaba fútbol, en la misma unidad militar de la ciudad de Cobija.
Sin embargo, las denuncias de agresiones y abusos físicos trascienden este batallón, pues se reportó otros incidentes en otra unidad militar del mismo departamento, añade una nota de prensa de la Cámara de Diputados.
El caso de la militar causó indignación en el país, tras revelarse que, durante una celebración tradicional dentro del recinto militar, una mujer subteniente fue forzada a beber con sus superiores para luego ser abusada sexualmente, grabada en el acto y luego forzada a callar el hecho, llegando incluso a plantear quitarse la vida, de acuerdo con los familiares de la presunta víctima.

CRISIS DE VALORES
Según el representante del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, este hecho refleja una profunda crisis de valores dentro de las instituciones del Estado destinadas a proteger a la población, donde el abuso de poder y las perversiones son alimentadas por la impunidad en la que actúan altas autoridades en materia de delitos sexuales, como el caso de un expresidente denunciado por similares delitos en contra de menores de edad.
Para Morales, al ser una alta autoridad (o exautoridad) la que da este ejemplo lamentable al resto de la estructura estatal, se permite que en los miembros de menor rango los instintos gobiernen por encima de la moral, las normativas militares y los principios fundamentales de los Derechos Humanos, perpetuando así la violencia y la impunidad dentro de toda la institución del Estado.
“El ‘masismo’, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad están siendo corroídos por dentro en términos de valores, de comportamientos y ahí están los resultados. Esto es una muestra, un indicador, un síntoma de una enfermedad mucho mayor que está quejando a nuestras instituciones”, señaló.