Aunque centenaria y desactualizada, este instrumento legal sigue constituyéndose como el único bastión de la libertad de expresión; su anulación o modificación radical, impulsada por intereses afines al poder, puede significar una estocada final a la democracia.

La Ley de Imprenta, un faro del periodismo libre en Bolivia desde su creación, celebra hoy su Centenario en un contexto marcado no solo por la comunicación digital y el avance de la tecnología, sino por una beligerante hostilidad a la libertad de expresión y constantes atentados al libre ejercicio del periodismo. Mientras se habla sobre su actualización y renovación, advierten que su anulación puede dar vía libre a la criminalización del todo periodismo contrario a intereses del poder.

Promulgada en 1925, la Ley de Imprenta fue y sigue siendo un escudo protector para los periodistas bolivianos, pues garantiza su derecho a investigar, informar y denunciar de forma independiente. Este cuerpo legal es un componente fundamental de la democracia, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

En este aniversario del mundo periodístico, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reivindicó la vigencia de la Ley de Imprenta como “el escudo del derecho a la información” y “un baluarte para el periodismo libre y responsable en Bolivia”.

Sin embargo, desde el último período de gobierno democrático, los trabajadores de la prensa y muchos medios bolivianos vienen siendo blanco de constantes ataques, agresiones y hostigamiento no solo físico sino económico, a través de la privación de pautas publicitarias, algo que fue denunciado hace años por varios medios independientes como la extinta Página Siete.

Organismos internacionales de Derechos Humanos ya reportaron desde 2023 un preocupante incremento de atentados a la libertad de expresión en Bolivia, así como en varios países del mundo, sobre todo en países que viven una profunda crisis económica, política y social, como gran parte de América Latina.

La extrema violencia hacia más de una veintena de periodistas durante las movilizaciones de los seguidores del expresidente, Evo Morales, en octubre de 2024, fue un claro ejemplo reciente del atentado que sufre este gremio durante el ejercicio de su labor.

Denuncias de equipos robados, periodistas golpeados con látigos, amenazas de muerte y destrozo de cámaras quedaron en la más completa impunidad, pues a la fecha no se dio a conocer ninguna persona condenada por estas flagrantes agresiones que quedaron registradas en redes sociales.

Al margen de esta sospechosa impunidad de grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), también resultaron alarmantes los recurrentes intentos del poder de turno de acallar, silenciar y amedrentar a varias voces independientes, en sus diferentes soportes como radio, prensa escrita y medios digitales.

IMPORTANCIA

A pesar de este pesimista panorama, la Ley de Imprenta sigue siendo el único instrumento legal que protege al periodista boliviano, pues reconoce las libertades de difundir y acceder a la información como derechos fundamentales, universales e inviolables. Además, permite al periodista ser juzgado mediante un Tribunal de Imprenta, y no por la justicia ordinaria, ante cualquier denuncia en su contra o falta cometida durante el ejercicio de su trabajo.

Su vigencia, no obstante, se encuentra amenazada por diversos intereses que buscan debilitarla o eliminarla bajo el pretexto de modernizarla y adaptarla a las nuevas realidades de la comunicación digital.

En este sentido, en caso de ser reformulada de manera radical, podrían eliminarse las únicas actuales garantías de las que gozan los periodistas, lo que abre la puerta a una mayor censura y control de los medios de comunicación, así como a la posible criminalización de voces opositoras al poder.

Este escenario, de llegar a ocurrir, supondría un atentado definitivo contra la democracia, puesto que la criminalización de la prensa y la restricción a la libertad de expresión son herramientas típicas de regímenes autoritarios y dictaduras. En ello radica la importancia de la Ley de Imprenta: aunque centenaria y desactualizada, sigue constituyéndose como el único bastión de la libertad de expresión.

En este contexto de violencia y hostilidad hacia la prensa, que no da atisbos de mejorar este año, es crucial que la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y los propios medios defiendan la Ley de Imprenta y exijan a las autoridades que se garantice un ejercicio seguro del periodismo.

Por otro lado, el desafío es inminente: es necesario impulsar una reforma de la ley que garantice su adaptación a las nuevas realidades de la comunicación digital sin sacrificar los principios fundamentales de la libertad de expresión.

La continuidad de la democracia boliviana depende en gran medida de la vigencia y el fortalecimiento de la Ley de Imprenta: una prensa libre y plural es fundamental para garantizar una democracia sólida y transparente. (EL DIARIO)