Tras un allanamiento a la oficina de Derechos Reales (DDRR) en Santa Cruz en el marco de una investigación por una presunta red de corrupción, la Fiscalía informó que por lo menos cinco funcionarios y una persona son investigados por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
“Se han emitido cinco o seis citaciones. Estamos hablando de un juez, registradores de Derechos Reales, de supervisor, asesor, registradora, como así como también dos funcionarias y personas particulares”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en contacto con los medios.
La autoridad señaló que el Ministerio Público emitió citaciones para que un primer grupo declare este viernes 17 de enero, mientras que el resto de implicados fue convocado para hacerlo el lunes 20. Zeballos agregó que se inició una investigación por los dos delitos anteriormente mencionados.
El miércoles, en el marco de la denuncia, el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de la Policía allanó las oficinas cruceñas de DDRR, que funcionan en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, y detectó ciertas irregularidades relacionadas con manipulación informática y enriquecimiento ilícito, tras indicios de actividad irregular.
Se dio a conocer, de manera extraoficial, que habría existido un desvío de fondos a cuentas privadas de autoridades de DDRR en el trámite de un título de propiedad, con un daño económico al Estado calculado en aproximadamente dos millones de bolivianos.
En el operativo fueron incautados varios documentos y archivos digitales, como trámites de inscripción, trámites de valorados, emisiones de certificaciones y cuantías con supuestas irregularidades en el pago de créditos bancarios y anotaciones preventivas, lo que permitió presumir la existencia de una red de corrupción.

CONSEJO QUERELLANTE
Tras la intervención de la Fiscalía en este caso, el Consejo de la Magistratura anunció que se constituirá en querellante para impulsar el proceso penal y dar con los autores de estos delitos
El presidente del Consejo, Manuel Baptista, señaló que entre los involucrados estaría una funcionaria de DDRR que se dedicaba a desviar a sus cuentas recursos que no eran reportados a la Dirección Administrativa Financiera (DAF), de acuerdo con el diario Correo del Sur.
“Vamos a pedir que la unidad legal (del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz) se apersone al proceso penal y, si se acredita algún daño económico, vamos a actuar de manera tajante apersonándonos en calidad de víctimas, denunciantes y querellantes en cumplimiento de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que obliga a las máximas autoridades ejecutivas a querellarse cuando existe un daño económico al Estado”, afirmó Baptista al medio sucrense.
Baptista añadió que sostuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para coordinar futuras acciones en caso de precisarse nuevas intervenciones en las oficinas de DDRR, a objeto de acelerar la investigación y encontrar a los responsables. (EL DIARIO y agencias)