Los padres de familia de Potosí denunciaron ante la Fiscalía de La Paz que el ministro de Educación, Edgar Pary, abrogó una norma que suspendía, sin goce de haberes, a maestros y administrativos que contaban con procesos por violación y acoso sexual, entre otros delitos, cometidos contra estudiantes. Esta determinación benefició al personal que cuenta con imputación o acusación, para el inicio de juicio, y los habilitó para postular a cargos y ascensos en el proceso de institucionalización, afirma la dirigencia de padres.

“He presentado en la ciudad de La Paz, una denuncia contra el ministro de Educación, por resoluciones contrarias a la ley, porque este señor ha abrogado el reglamento que establecía (el registro de antecedentes y) la suspensión de directores, maestros y personal administrativo que están imputados por violación, abuso sexual, estupro y acoso sexual, permitiendo que estos malos servidores regresen a las aulas, por medio del proceso de institucionalización”, dijo el presidente de la Junta de Padres de Familia de Potosí, Juan Carlos Calle.

El dirigente sostiene que, luego de que se abrogó dicha norma, varios procesados que cuentan con sentencias administrativas o pliego acusatorio, para el inicio de un juicio oral en la justicia ordinaria, figuran en las listas de postulantes a la institucionalización que se realiza a nivel nacional. En su denuncia adjuntó, como ejemplo, el nombre completo y número de cédula de identidad de siete maestros imputados, uno denunciado y otro con sentencia.

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Calle explicó que el 19 de mayo de este año, Pary firmó una Resolución Ministerial (RS) Nº 0808/2023 que dejó sin efecto otra anterior, por medio de la cual se reglamentaba el registro de los antecedentes penales y administrativos de maestros y personal administrativo procesados por violencia sexual, presuntamente cometidos contra estudiantes.

Periodismo Sin Photoshop solicitó la versión del ministro Pary o del responsable del área jurídica, para conocer los fundamentos por los cuales se dejó sin efecto la norma. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación se mencionó que el ministro estaba de viaje.

La resolución 0148/2014 que dio lugar a la redacción del “Reglamento de recuperación de percepción indebida, de registro y retiro de rótulo observado en el Registro Docente Administrativo (RDA)” de maestros que fueron imputados por delitos de agresión sexual contra estudiantes, fue elaborada con base en los decretos supremos (DS) números 1302 y 1320, promulgados con el fin de fortalecer la lucha contra la violencia hacia los niños y adolescentes, en el marco de las leyes 548, del Código de la niñez y la adolescencia y Abelino Siñani.

“El artículo 3.- (Medidas de seguridad y protección). I. El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor”, señala parte del DS 1320.

Esta es la tercera denuncia que se presenta contra Pary, anteriormente fue sindicado por plagio en relación a las imágenes utilizadas para textos escolares. El mes pasado, la Junta Nacional de Padres de Familia presentó una querella en contra del ministro, por supuesta legitimación de ganancias ilícitas que se cometió, porque una de las empresas que Pary conformó junto a sus hijos, se favoreció con contratos estatales.