El peor indicio de la “nefasta” gestión de Lanchipa fue dejar en “absoluta indefensión” a muchas víctimas de la zozobra ocasionada en Bolivia a fines de 2019, mediante la instrumentalización de la justicia a merced de la política.

A un mes del fin de gestión del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, activistas y opositores consideran que la gestión de la máxima autoridad del Ministerio Público fue funcional e instrumentalizada a la política, atentó seriamente a la democracia y permitió la destrucción de la independencia de poderes al incumplir con los principios básicos de la labor fiscal que son la legalidad y el respeto por los derechos humanos.
Para la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, “Lanchipa ha atentado y debilitado la democracia” en seis años de “descarada” gestión funcional e instrumentalizada al poder político, donde no hubo acciones apegadas al debido proceso ni al respeto de los derechos humanos, sino detenciones arbitrarias, impunidad en casos emblemáticos, persecución política y una actuación “totalmente alejada del cumplimiento de derechos básicos” por parte de los operadores de justicia.
En contacto con EL DIARIO, Herrera destacó el incumplimiento de Lanchipa a los principios básicos que rigen toda función fiscalizadora de la justicia: la legalidad, la garantía de derechos ciudadanos y la imparcialidad. En su lectura, esto ocasionó que el sistema judicial padezca de una profunda desconfianza y falta de credibilidad por parte de la sociedad.
Asimismo, la entrevistada señaló que, si bien es cierto que la calificación de la Fiscalía pudo resultar positiva en cuanto a procesos cuantitativos como el cumplimiento de plazos y cifras de efectividad, esta percepción optimista “no llega a la población”.

GESTIÓN NEFASTA
Por su lado, el diputado jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, calificó la gestión de Lanchipa como “nefasta y oscura” por haber promovido la degradación de la Fiscalía, a la cual llamó “un espacio de operación política” que forma parte del “martillo judicial” servil al Movimiento al Socialismo desde hace 18 años, para sentar la mano en contra de la oposición y quienes piensan diferente.
Su colega parlamentario, José Ormachea, coincidió por separado en que Lanchipa aportó a la destrucción de la separación de poderes, debido a su “genuflexión” hacia los tres presidentes que marcaron su gestión: Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce.
Ormachea llamó a Lanchipa “un pirata de la política” que no cumplió ni con el criterio de evaluación que es la imparcialidad. “Se ha vendido al mejor postor durante toda su estancia en el Ministerio Público y jamás ha actuado de manera independiente al poder político de turno”, expresó a EL DIARIO.

LO PEOR
EL DIARIO preguntó a Herrera ¿cuál considera que fue el peor ejemplo del cuestionado accionar de la gestión de Lanchipa? Para la entrevistada, fue dejar en “absoluta indefensión” a muchas víctimas de la zozobra ocasionada en el “escenario terrible” que vivió Bolivia a fines de 2019, al instrumentalizar la justicia para fines políticos.
Condenó que, ante actos criminales como la quema de buses de transporte municipal, el atentado a exdefensores de derechos humanos o la quema de casas de periodistas y activistas, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) haya emitido una resolución “protegiendo” a los responsables, a vista y paciencia de la Fiscalía, la cual, en vez de abogar por la legalidad, prefirió callar sobre resoluciones contrarias que terminaron encubriendo estos delitos.
Herrera advirtió que el “escenario de absoluta indefensión” que dejó la Justicia al actuar de manera drástica contra unos y no contra otros, es “lo peor” que pudo hacer, toda vez que “si vuelven los conflictos hay gente que va a actuar con absoluta impunidad”.

NARCOTRÁFICO Y FEMINICIDIOS
Herrera sostuvo que no existen razones para afirmar que hubo una gestión fiscal que cumplió su rol, pues la actuación ante el narcotráfico fue percibida como “frágil” por la sociedad. Afirmó que muchos logros fiscales se han reducido a hallar culpables y secuestrar cantidades pequeñas de droga, pero sin castigar efectivamente a los responsables a gran escala.
Herrera también pidió a la FGE que aclare cuántos recursos y personal se invirtió en la persecución política durante la gestión del fiscal saliente, infiriendo que no destinó los mismos recursos para combatir eficazmente contra el narcotráfico: “Como ciudadanos queremos seguridad y protección (frente a) la droga; sin embargo, no ha habido una acción contundente en este ámbito”.
Respecto al trabajo preventivo del Ministerio Público frente a los feminicidios y crímenes en contra de la niñez, Herrera dijo que la prevención no es un tema que se aborde desde la Fiscalía. “Están más enfocados a reprimir y detener a la sociedad civil, que es lo más cómodo, porque esos son datos que se pueden mostrar”, expresó a este matutino.
Manifestó que la Fiscalía, en vez de actuar de oficio, investigar y actuar a tiempo, “solo (se hace presente) cuando el hecho está consumado, pero si hay denuncias de vecinos, si hay la posibilidad de una violación por ebriedad, la Fiscalía no actúa, espera que haya una denuncia”, y los efectos de esta ineficiencia son los feminicidios.