Luego de 11 horas de audiencia, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto declaró procedentes los incidentes interpuestos por la defensa de los acusados del juicio, toda vez que la acusación hecha por el Ministerio de Gobierno, Procuraduría del Estado y el Servicio Público de Defensa a las Víctimas (Sepdavi), no tendrían la fundamentación necesaria para individualizar la participación de los acusados, informó ayer el abogado, Jorge Valda.

“Se anulan las acusaciones del caso Senkata, se devuelven los obrados y antecedentes al Ministerio Público para que corrijan sus groseras equivocaciones, puesto que no se puede llevar adelante un proceso de esta naturaleza cuando se pretende forzar la ley, desconocer la Constitución y, a ultranza, procesar, sentenciar y condenar a quienes son injustamente procesados injustamente”, informó el abogado defensor del teniente coronel Miguel Eduardo Santiesteban, coacusado en este proceso.

La expresidenta interina, Jeanine Añez, denunció que está en total indefensión ante una “justicia sometida a la política” pues enfrenta un proceso ilegal en el que se vulneran sus derechos como exautoridad; alegó que mientras los verdaderos causantes de las muertes buscan convulsionar el país nuevamente, los inocentes están presos y víctimas de un “juicio político”.

“El causante de todo lo sucedido en el año 2019 está otra vez queriendo convulsionar el país y los inocentes estamos presos. Entonces aquí no hay ni el más mínimo equilibrio ni la más mínima credibilidad porque éste es un juicio político”, expresó la exautoridad durante su intervención en la audiencia, refiriéndose al último anuncio de Evo Morales de una marcha convocada para el 17 de septiembre, desde Cochabamba hasta La Paz.

En la extensa audiencia desarrollada ayer virtualmente, que inició a las 09:30 y continuó hasta horas de la noche, Añez alzó la voz para denunciar que el proceso en el que se la enjuicia es ilegal y no tiene la más mínima credibilidad ni equilibrio.

Manifestó que, si estuviera frente a un proceso justo y legal, sí podría defenderse, pero en las actuales condiciones está “en la indefensión” porque la justicia tiene “instrucciones precisas” de condenarla y llevar adelante un juicio sin la competencia para enjuiciarla por la vía ordinaria.

“Mientras (enfrente) un proceso político como éste, con instrucciones precisas de condenarme, ¿para qué me voy a desgastar de esta manera? Prosigan nomás con todas las ilegalidades que ya tengo una condena anticipada, entonces todo lo que pueda hacer es inútil. Probablemente cuando cambiemos de administración de justicia y no estén sometidos a la política, ahí yo voy a poder defenderme porque en este momento no tengo la más mínima condición”, dijo Añez.

Asimismo, cuando el juez mencionó que se le asignaría un abogado de oficio, la expresidenta rechazó que un funcionario asignado hable por ella “solamente para cumplir formalidades” y manifestó que no reconoce al Tribunal porque “no tiene competencia para juzgarme”.

Por su lado, el juez de la causa declaró en rebeldía a los exministros, Arturo Murillo y Fernando López, tras comprobarse la ausencia de los acusados en la audiencia y decidió proseguir con juzgarlos por el supuesto delito de genocidio.

Añez, tres de sus exministros y otras exautoridades son procesadas penalmente por el delito de Genocidio por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Senkata. La agrupación de activistas Mujeres por la Democracia Bolivia, junto con otros organismos y actores políticos, rechazaron esta acción contra Añez por ser una arbitrariedad, al no someterla a un juicio de responsabilidades mediante el Tribunal Supremo de Justicia.