La legisladora advirtió un “entorpecimiento deliberado” de las instituciones encargadas de monitorear los incendios, al no revelar y no actualizar debidamente la información en su base de datos, lo que impide un trabajo de fiscalización adecuado.

Ante la insostenible situación medioambiental por los incendios forestales en territorio nacional, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, sospecha que los incendios forestales fueron deliberadamente atendidos a destiempo por el Gobierno para favorecer la ampliación de la frontera agropecuaria, lo que, por desgracia, tiene un costo irreparable y devastador para la biodiversidad y la salud pública.
En contacto con EL DIARIO, Requena comentó que ha “llegado a la conclusión, después de casi tres meses de incendios no detenidos a tiempo, de que esto es deliberado: probablemente buena parte tiene que ver con una ampliación de la frontera agropecuaria”, señaló.
Según explicó, existiría un negocio de especulación de las tierras forestales, en el cual estarían involucradas mafias y redes de tráfico del Movimiento al Socialismo (MAS), en vista de que las tierras quemadas tienen mayor valor comercial al ser supuestamente más aptas para la producción.
Por otro lado, resaltó que las quemas no controladas permiten a la gente evitar alquilar maquinaria y ahorrar dinero a los productores, aunque con consecuencias impagables e irreversibles.
“Parece que incendiar es una forma de habilitar esta tierra o, cuando me la entregan, incendiarla para que valga un poco más. El mercado está tan distorsionado que vale más una tierra sin cobertura vegetal porque está más lista, supuestamente, para la producción”, expresó a este matutino.
La legisladora advirtió un “entorpecimiento deliberado” de las instituciones encargadas de monitorear los incendios al no revelar y no actualizar debidamente la información en sus bases de datos, lo cual dificulta el trabajo fiscalizador de autoridades como el Senado, quienes deben remitirse a publicaciones de la prensa o comunicados de autoridades para hacer seguimiento a los casos.
“La información clave sobre medioambiente no es accesible públicamente. El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) no provee información de procesos de saneamiento de propiedad, que debería ser de acceso público. La ABT tampoco tiene un registro actualizado en tiempo real de las denuncias y su estado”, señaló Requena al Decano de la Prensa Nacional.
La senadora agregó que el Proyecto de Ley 003 (Contra Incendios, Quemas Ilegales y Restauración de Ecosistemas) propone unificar toda la información dentro de una sola base de datos, similar a un “catastro ambiental”, que permita a la sociedad civil y autoridades fiscalizadoras obtenerla de manera fácil y actualizada.
Requena lamentó que todos los esfuerzos no son “ni remotamente suficientes” para controlar la situación: “Al final no importa el esfuerzo, en gestión pública importan resultados, y peor en cuestiones vitales como esta. Lo que estamos viendo son incendios que devoran reservas forestales naturales y otras áreas protegidas, nada se libra (…). Estamos viendo un caos completo”.

CUATRO APREHENDIDOS Y UN DECRETO SUPREMO
De acuerdo con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), a la fecha existen 61 procesos penales por quemas ilegales e incendios: 30 contra presuntos autores y 31 contra personas plenamente identificadas; por otra parte, se iniciaron 274 procesos administrativos, de los cuales 161 están en el departamento de Santa Cruz.
Varias brigadas de control continúan desplegadas en zonas críticas de estos incendios, a fin de “identificar a los responsables de quemas ilegales e incendios para sancionarlos según corresponda”, señala una nota de la entidad estatal.
Como resultado, la ABT informó que apenas existen cuatro personas encarceladas con detención preventiva en el penal de Palmasola, las cuales fueron encontradas en flagrancia y en posesión de magnas cantidades de combustible, equivalentes a más de 4.000 litros de gasolina. No se reportó la ejecución de otras sanciones ni otras personas detenidas por estos delitos.
Por otro lado, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5203 que establece un incremento en la multa por quema ilegal, el cual asciende a entre 190 y 976 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) por hectárea, con el objetivo de imponer sanciones económicas “de fuerte peso” para los infractores.
El grupo Ríos de Pie lamentó que sus bomberos voluntarios están agotados, mientras que “los militares en la zona llegan sin comida, equipos ni preparación”. Demandan soporte aéreo, más recursos y toda la ayuda posible de países amigos.

“SABÍAMOS QUE LLEGARÍAMOS A ESTO”
Según el físico, experto en meteorología y director de la Estación Global de Monitoreo Climático de Chacaltaya, Marcos Andrade Flores, el Estado y la sociedad sabían que se llegaría a esta situación desde las quemas no controladas de octubre del año pasado, y criticó que no se hayan tomado las medidas necesarias para evitar lo que claramente es “uno de los momentos más críticos” en cuanto a contaminación ambiental en Bolivia.
Respecto a las medidas asumidas por el Gobierno, Andrade señaló a EL DIARIO que “las acciones deben ir más allá” con políticas más serias y a mayor plazo. “No es solo lanzar decretos, debe garantizarse su cumplimiento con un plan, no se puede permitir más chaqueos”, sentenció.