El área fue creada para proteger la última muestra mejor conservada y extensa de bosque tucumano-boliviano que hay en el país; el régimen natural de los ríos Tarija y Bermejo y a las comunidades que viven dentro de la reserva.

El núcleo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se ha convertido en un campo petrolero, afirma Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), quien lleva varios años estudiando el proceso de avance extractivista en el área protegida ubicada en el departamento de Tarija.
“Recordemos que en el caso de Astillero hubo evidente violencia en contra de personas y familias que se opusieron al pozo Astillero… ahora van a retomar este proyecto, que dio negativo, según las autoridades del sector. Muy cerca de este pozo -y esto es muy grave- está el campo Churumas, en el corazón de la zona núcleo se va iniciar la explotación en el pozo Churumas X2, la perforación de Churumas X3 para este año y para el siguiente año el Churumas X4”, explicó.
En entrevista con ANA, el especialista en hidrocarburos señaló que, lo peor de todo, el actual panorama en el área protegida es el tendido de línea desde el Bloque Churumas hasta San Alberto, con lo cual se retomó el plan para imponer los proyectos petroleros en Tariquía y las áreas de influencia.
“La fase dos, del tendido de línea, ya tiene licencia ambiental, va desde Tariquía hasta San Alberto, y desde el límite hacia adentro, la fase I, ya está el trámite para la licencia ambiental. Lo que significa que se estaría transformando el corazón del núcleo de Tariquía en un campo petrolero”, graficó.
De acuerdo a la declaratoria ambiental, se certifica que la empresa YPFB Chaco S.A., representada legalmente por Mario Catari Choquehuanca, ha presentado el formulario de nivel de categorización ambiental FNCA 2304/2024 y el correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral del proyecto: Instalación de líneas y facilidades de producción Churumas y Astillero, Tramo II, el mismo que se encuentra ubicado en los municipios de Padcaya y Caraparí de las provincias Aniceto Arce y Gran Chaco del departamento de Tarija.
El experto responsabilizó el avance petrolero al interior de la reserva natural en contextos de cambios en el Plan de Manejo de Tariquía, hechos de manera inconsultada, sin considerar a las comunidades que viven en su interior y en las zonas aledañas. “Desde el año 2014 este plan de manejo que está vigente lo que ha hecho es, viabilizar los proyectos petroleros en Tariquía”, sostuvo.
Campanini recordó que van años de reclamos y resistencia en contra del avance petrolero en Tariquía, que en su momento fueron bastante contundentes, como cuando, mujeres y varones comunarios lograron expulsar a Petrobras, no solo una vez, sino en dos ocasiones, en el caso del bloque San Telmo Norte por los pozos Domo Oso X1 y Domo Oso X2 y, actualmente, en el caso de Domo Oso X3.
El bloque Churumas ya fue declarado de carácter comercial, lo cual indica la transformación del carácter de protección intangible de la zona, como área protegida, a un área de vocación extractiva.
“El rechazo y movilización fue porque Petrobras había reiniciado labores en el bloque San Telmo Norte, sin comunicar ni anunciar a las comunidades y a sabiendas de que existe un conflicto latente y un rechazo orgánico por parte de las comunidades a todos los proyectos que se vayan hacer en este bloque”, indicó.
El experto cuestionó que el bloque Domo Oso X3 sea impuesto por Petrobras junto con YPFB, de la mano de la amenaza y los juicios que se han iniciado en contra de mujeres y varones defensores de su territorio.
Y es algo que se está dando en el país, es una práctica que ya están tomando las empresas junto al Estado para amenazar, contener los reclamos por parte de dirigentes a actividades extractivas.
En el caso de Dom Oso X3, explicó que se encuentra en la fase de estudio y relevamiento de información, lo cual movilizó nuevamente a los defensores de Chiquiacá porque hay que tomar en cuenta que el bloque San Telmo Norte estaba en situación “de fuerza mayor” y ahora se pretende dinamizar la actividad petrolera.
“Lo que necesitaba Petrobras era hacer la consulta pública y en ese interín ha tratado de dividir y generar tensiones al interior de las comunidades de Chiquiacá en Tariquía para salir favorecida en este proceso de consulta, y aunque no hubiese salido favorecida y eso lo señalo así, igual el proyecto marcha porque ningún tipo de consulta en Bolivia es vinculante”, mencionó.
En ese contexto, dijo que fue el Estado el que también generó tensiones, utilizando a algunos dirigentes y comunidades; para resolver esta confusión, se sometió la decisión a voto, donde se rechazó nuevamente el proyecto petrolero.
“Ni siquiera ha respetado este resultado Petrobras y nuevamente ha impuesto esta consulta, que por cierto la Defensoría del Pueblo señaló que esa consulta carece de muchos principios constitucionales y de respeto de los derechos, algo que las organizaciones vienen denunciando desde hace mucho”, aseveró.
De acuerdo al Acta de Reunión Cantonal de Autoridades y Bases del 15 de octubre de 2024, se determinó por voto mayoritario, el “No” al ingreso de las petroleras.
“Y se puso en evidencia, aún más, el rechazo porque siempre, la consulta, se hizo entre gallos y medianoche, pero esta vez fue la gente e instituciones como la Defensoría del Pueblo de Tarija, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija y han hecho evidente cómo se llevan adelante estos procesos y su carencia de dialogo e información”, apuntó.
DEFENSORES
CRIMINALIZADOS
Consultado sobre la relevancia de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que defensoras y defensores de la reserva de Tariquía expongan el 7 de marzo, la vulneración de Derechos Humanos y los juicios que se les interpusieron por oponerse a las operaciones extractivas, Campanini afirmó que el hecho de alta relevancia para el país.
“Es muy importante porque no son casos aislados, ya es una forma que se está aplicando en el Estado y que es un mal precedente de la defensa de los derechos a pesar de que somos el país con la Constitución más pro-derechos, que hemos firmado el Acuerdo de Escazú, tenemos la ley de la Madre Tierra, etcétera, el más avanzado en términos de políticas ambientales, cuando en la práctica es todo lo contrario”, detalló.
La petrolera estatal YPFB presentó una demanda penal en contra de 29 comunarios (as) y dirigentes por los presuntos delitos de atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones públicas, porque impidieron el ingreso de los trabajadores de YPFB y Petrobras a la comunidad de Saicán para iniciar los trabajos de exploración en el pozo Oso Domo X3.
“La idea de esta audiencia es mostrar que es una práctica común el de judicializar a los defensores de Derechos Humanos en Bolivia (…). Esperemos que haya un llamado de atención y que el Estado ajuste su maquinaria para respetar los derechos, esperemos que así sea y salga positiva la audiencia”, expresó.
Destacó la lucha a favor de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía como emblemática porque el área protegida fue creada bajo tres objetivos: inicialmente proteger la última muestra mejor conservada y extensa de bosque tucumano-boliviano que hay en el país; también proteger el régimen natural de los ríos Tarija y Bermejo que son muy importantes para la producción agrícola de la zona y Garantizar y proteger a las comunidades que viven dentro de la reserva que llevan actividades sostenibles económicas, como el manejo de apicultura.
“La población de Tariquía está preocupada por el desarrollo de los proyectos, recién se ha firmado un acuerdo con esta empresa Fluxos, que según algunas noticias ha oficializado su inquietud en el Bloque San Telmo Sur”, mencionó como ejemplo del avance petrolero en la zona.
Sostuvo que la lógica del Estado es seguir imponiéndose, ir contra de la voluntad de las comunidades de la reserva, los cuales llevan años en resistencia y no piensan doblegarse.
“Ya no son casos aislados, la judicialización y amedrentamiento ya son una práctica común en el país y lo interesante en el caso de los defensores de Chiquiacá, es que el titular del proyecto no es el que realiza los juicios, sino YPFB, la empresa estatal. Entonces, la empresa nacional funciona como garrote de la (empresa) transnacional contra su pueblo, y eso nos debería indignar a todos”, afirmó.
La audiencia solicitada a la CIDH fue realizada por la Subcentral Campesina Tariquía, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). (Agencia de Noticias Ambientales)
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