El expresidente, sus ministros y subsecretarios del Interior, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, serán interrogados por la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, teniendo todos ellos el estatus de imputados tras la querella presentada en 2019 por el entonces senador Alejandro Navarro, que contempla delitos de lesa humanidad.
“Tenemos la tranquilidad y convicción de que en el actuar del expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los Derechos Humanos de todos”, indicó el abogado de Piñera, antes de su declaración, que se celebrará en los próximos días.
En este sentido, defendió que las acciones del exmandatario chileno obedecieron al correcto cumplimiento de sus funciones públicas a la par que señaló que colaboró permanentemente con la investigación.
Las protestas estallaron en 2019 y se mantuvieron constantes durante varios meses. Las demandas de los manifestantes escalaron rápidamente, siendo una de las principales la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.
El Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento.
Piñera pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una agenda social. Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas murieron durante las protestas y más de 1.000 fueron detenidas mientras el papel de las fuerzas de seguridad chilenas, especialmente los Carabineros, fue criticado por ONG como Amnistía Internacional (AI) por el uso excesivo de la fuerza. (Europa Press).