La ONG Amnistía Internacional reclamó ayer al Gobierno de Cuba que ponga fin a su «represión sistemática» de la sociedad civil y libere a todas las personas injustamente condenadas solo por ejercer sus derechos más elementales, en vísperas del tercer aniversario de las históricas protestas de julio de 2021.

«Es inaceptable que las autoridades cubanas continúen usando tácticas represivas para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz en defensa de sus Derechos Humanos», denunció la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.

Amnistía señaló que la situación de los Derechos Humanos en Cuba sigue deteriorándose desde que se implementaron nuevas disposiciones legales en 2022. «Esta represión constante para intentar sofocar cualquier forma de disidencia debe detenerse de una vez por todas», exigió Piquer.

Las medidas represivas del Gobierno de la isla incluyen detenciones arbitrarias, prisión domiciliaria, hostigamientos varios, citaciones y sanciones, así como cortes de Internet en lugares donde se producen protestas espontáneas. Entre los señalados hay activistas, periodistas, artistas, o intelectuales.

Uno de los casos más notorios, denuncia Amnistía, es el del preso de conciencia y líder de la oposición José Daniel Ferrer García, quien estuvo confinado desde agosto de 2021 en repetidas ocasiones y bajo largos regímenes de incomunicación desde marzo de 2023.

«El número de personas injustamente encarceladas y reprimidas por motivos políticos demuestran la urgente necesidad de desmontar las políticas y el marco legal que facilita la represión en Cuba», dijo, por su parte Johanna Cilano Pelaez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.

«Muchas de estas personas continúan tras las rejas solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Su liberación inmediata e incondicional y el respeto a su derecho a disentir es esencial para garantizar los Derechos Humanos», afirmó.

Otro de los casos que menciona Amnistía es el de Pedro Albert Sánchez, de 68 años, quien fue detenido «múltiples veces» desde 2020 por participar en protestas pacíficas, como las marchas del 11 de julio de 2021, que le supusieron una pena de cinco años de cárcel por cargos de «desacato» y «desórdenes públicos».

Amnistía Internacional instó al Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a que respete el derecho a la protesta pacífica, ponga fin a la represión hacia quienes disienten y libere a las personas injustamente encarceladas.

Según cifras de organizaciones opositoras, entre 960 y 1.100 personas se encuentran detenidas en Cuba por razones políticas, de las cuales 671 permanecen en prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, que se produjeron en medio de la «persistente crisis económica» que afecta a la isla. (Europa Press)