A inicios de esta gestión, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, publicó el nombre y fotografía de R. A. C. como autor del asesinato de Emilio Fernández, sin embargo, esta semana la Policía capturó a Juan Carlos Macias, alias ‘El Chato’ y líder de una banda de auteros, quien confesó haber disparado al minibusero.
“Ellos (familia del afectado) tienen que pedir al Ministerio Público y al Órgano Ejecutivo que se le reconozca una reparación integral completa. Si las autoridades se niegan a cumplir con todos los componentes de la reparación integral, con esto me refiero, que si reparan los daños económicos, pero no se disculpan públicamente, no están cumpliendo la reparación integral”, afirmó Albarracín.
El experto en derechos humanos enfatizó que a esta víctima inocente se le tiene que restituir el nombre y reconocer públicamente que él no ha cometido el delito, pedir disculpas y reparar económicamente sus gastos jurídicos, incluso los ingresos que recibía de su fuente laboral y dejó de recibir en la cárcel.
Albarracín lamentó que el Estado boliviano vulnera desde hace varios años “el principio de inocencia” y ha establecido como regla presumir la culpabilidad de los acusados y privarlos de libertad. Complementó que esta persona no hubiera salido de la cárcel, si no hubieran encontrado al verdadero autor del delito.
“Entonces este es un caso preocupante, pero forma parte de una problemática de carácter estructural que el Gobierno actual ha intensificado, sobre todo, a partir de las acciones del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público”, acotó el experto.