A pesar de que el gobierno de Dina Boluarte se empeña en señalar que no hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero de este año, la percepción de la opinión pública es totalmente diferente.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, publicado ayer el 81% de la población considera que el Ejecutivo sí vulnero los derechos fundamentales de las personas que exigieron la salida de Boluarte Zegarra del poder. En tanto, el 16% cree que no y el 3% no tiene una opinión formada al respecto.

Además, también se pregunta sobre si hubo un buen manejo por parte de la gestión de Boluarte sobre las protestas. El 71% sostiene que no, mientras que el 22% señala que sí lo hicieron correctamente. El 7% no opina ni sabe del asunto.

Estas cifras llegan tras las contundentes conclusiones que sendos informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalaron que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de militares y policías.

Recién el 7 de junio, la presidenta Boluarte declarará ante el Ministerio Público luego de tres reprogramaciones. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía Nacional también lo harán hasta la quincena de junio.

APROBACIÓN EN CAÍDA LIBRE

Por otro lado, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República sigue con una tendencia a la baja.

De acuerdo al IEP, la mandataria mantiene el 79% de impopularidad. En el desglose de esta cifra se puede observar que despierta mayor rechazo en el norte (82%), el sur (87%) y el oriente (81%).

En tanto, la aceptación a la gestión de Boluarte Zegarra sigue en 15%. Solamente en Lima Metropolitana (19%) y el centro (21%) hay buena recepción a las acciones que despliega desde el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el 6% no tuvo ninguna opinión al respecto.

En tanto, el Congreso mantiene el 90% de desaprobación. Las macrozonas del norte (90%) y el sur (94%) son las que tienen una opinión desfavorable de este poder del Estado.

La aceptación está en 6% y 4% no brindó alguna posición sobre la labor de los 130 parlamentarios que estuvieron involucrados en sendos escándalos como compras millonarias, pasajes al exterior, blindaje a personajes cuestionados y desmantelamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).