El fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, fue quien firmó el acuerdo de cooperación sobre el establecimiento de una oficina nacional de la CPI en Ucrania, junto con el secretario de la Corte, Peter Lewis, en un encuentro en La Haya, la ciudad anfitriona del tribunal y la cárcel donde se encuentran presos los sospechosos al menos hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Este acuerdo llega una semana después de que la CPI haya emitido las órdenes de detención del presidente ruso Vladímir Putin y de María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra.

“Creo firmemente que la apertura de esta oficina de la CPI en Ucrania marca el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra estrecha cooperación con la Corte. Esto es solo un comienzo, un buen comienzo, y estoy convencido de que no nos detendremos hasta que todos los autores de los crímenes internacionales cometidos en Ucrania sean llevados ante la justicia, independientemente de su posición política o militar”, señaló Kostin al firmar el acuerdo.

Lewis agradeció al Gobierno ucraniano “la cooperación, el apoyo y la asistencia recibida” y reiteró su esperanza de “fortalecer la cooperación en el futuro”, puesto que Kiev aún no ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que Ucrania no es aún un país miembro de este tribunal.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, sí pudo abrir una investigación de la situación en Ucrania porque Kiev aceptó su jurisdicción con dos declaraciones de 2014 y 2015, que no son ratificaciones del Estatuto para convertirse en miembro, que permiten a la Corte “identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 febrero de 2014”, según dichos documentos.

La CPI tiene una oficina de enlace con la ONU en Nueva York y otras siete sobre el terreno en Kinshasa y Bunia (República Democrática del Congo), en Kampala (Uganda), en Bangui (República Centroafricana), en Abiyán (Costa de Marfil), en Tbilisi (Georgia) y en Bamako (Malí).

La Corte subraya que su presencia sobre el terreno con estas oficinas es esencial para desarrollar y mantener relaciones de cooperación con las partes interesadas clave en los países investigados y para apoyar el mandato de la Corte y las actividades resultantes de sus tareas.

La CPI tiene jurisdicción sobre aquellos delitos que supongan un crimen de guerra, de lesa humanidad, un genocidio o una agresión estatal, aunque este último está sometido a condiciones muy estrictas y el tribunal solo lo puede juzgar si ambos países afectados ratificaron el Estatuto de Roma, lo que no es el caso de Rusia y Ucrania. (Infobae).