El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que la reunión sostenida entre el Vicepresidente, autoridades del legislativo y jefes de bancada de las tres fuerzas políticas en el Parlamento, determinó conminar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y responder a la consulta de constitucionalidad sobre la Ley 144, en un plazo de 72 horas.

En un breve contacto con medios de prensa, a su salida de la reunión, Rodríguez reiteró la necesidad de poder contar con una posición oficial del TCP respecto a la consulta remitida para verificar la constitucionalidad del proyecto de norma, actualmente paralizado en la Cámara Baja.

“Se ha tomado la decisión de conminar a que en un plazo de 72 horas pueda emitirse esta Declaración Constitucional sobre la consulta al proyecto de Ley 144”, expresó la autoridad legislativa.

Rodríguez precisó que son dos los puntos que requieren de una solución, viabilizar una ley que regule todo el proceso y los plazos de la preselección con miras a la realización de los comicios judiciales, así como establecer el funcionamiento del Órgano Judicial hasta que se logre designar nuevas autoridades mediante voto popular.

“Un objetivo mayor que tenemos es la preselección, es decir las Elecciones Judiciales. Respecto a la transición y lo que pase en el tiempo que se lleva a cabo la preselección, todavía queda pendiente, el próximo martes vamos a nuevamente reunirnos para ya tener claro lo que procede y los pasos a seguir”, dijo.

El titular del Senado, advirtió que si el TCP no cumple con la conminatoria de la ALP en los tiempos anunciados (72 horas), se activarán las acciones legales que correspondan como el inicio de un Juicio de Responsabilidades.

Consultado sobre las alternativas planteadas por Asambleístas para tratar de evitar un vacío de poder provocado por las acefalías que se produzcan en Altas Cortes, a partir del mes de enero, señaló que toda salida vía normativa o decreto será inconstitucional, por lo que en las actuales circunstancias, lo más prudente es esperar una respuesta del TCP.

“Por ley o por decreto, es totalmente inconstitucional, se ha quedado en que necesitamos esa Declaración Constitucional para emitir cualquier criterio posterior respecto a la transición y el espacio de tiempo que se tenga mientras se llevan a cabo las elecciones”, precisó.

Por lo expuesto, Rodríguez adelantó que la salida pasa por un acuerdo político entre Órganos del Estado, “de repente se pueda llegar a un acuerdo para que el TCP pueda interpretar”, explicó, destacando la importancia de alcanzar puntos de coincidencia que eviten posturas unilaterales.

Antes de ingresar al encuentro, el jefe de bancada por CC en Diputados, Enrique Urquidi, había señalado que los dos puntos centrales a ser abordados por las fuerzas políticas de la ALP tienen que ver con no permitir “ningún tipo de prorroga” y dar certezas sobre los tiempos para la realización de los comicios judiciales, además de analizar todas las propuestas presentadas por las fuerzas políticas para evitar acefalias una vez culmine el periodo de funciones de las autoridades salientes, el 31 de diciembre de esta gestión.

“Todas las alternativas tienen que estar enmarcadas rigurosamente en la ley y en la Constitución”, indicó.

En la misma línea, el jefe de bancada nacional de Creemos, diputado Sergio Maniguary, rechazó la posibilidad de una prórroga de magistrados y planteó la redacción de un nuevo Proyecto de Ley, mediante el que se viabilicen elecciones en un plazo de 180 días.

El jueves, cuestionando la legalidad de las propuestas planteadas hasta la fecha para cubrir las acefalías en Altas Cortes a partir del 1 de enero, legisladores de CC adelantaron rechazar cualquier iniciativa que atente contra la Constitución Política del Estado.

“No seremos parte, ni directa ni indirectamente, de la crisis de la Administración de Justicia a la que el propio Movimiento al Socialismo nos ha llevado, ya que el modelo impuesto de Elecciones Judiciales realizadas por voto, fueron y son un rotundo fracaso en todo sentido”, señala parte de una misiva remitida al Vicepresidente del Estado por los diputados Luisa Nayar, Samantha Nogales, Pablo Arizaga, Luciana Campero, Pamela Alurralde y Jairo Guiteras.