Luego de estar detenido 20 meses con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, el dirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, salió en libertad ayer; aunque fue acusado del delito de portación ilícita de armas por la quema del mercado paralelo de coca, el Gobierno nunca pudo comprobarlo.
Uría estuvo detenido desde el 15 de septiembre de 2022, una semana después de los conflictos por la instauración de un mercado paralelo de coca en Villa El Carmen, lo que generó el rechazo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Ayer dejó el penal de San Pedro, visiblemente alegre, y fue trasladado a un juzgado en El Alto para que oficialice su libertad con una firma.
El Gobierno defendió la instalación del mercado paralelo, presidido por el dirigente cocalero, Arnold Alanes, y arremetió contra los productores yungueños, quienes reclamaron el cierre del establecimiento por ser ilegal. Se registraron varias movilizaciones y enfrentamientos durante varios días.
Uría fue detenido mientras preparaba la logística para abastecer a los manifestantes de Adepcoca, quienes entonces se dirigían a La Paz para levantar la voz de sus reclamos. Tras la quema del mercado el 8 de septiembre de 2022, el Gobierno fue tras los dirigentes cocaleros de los Yungas.
El Ministerio de Gobierno se constituyó en principal querellante y varios dirigentes fueron encarcelados con detención preventiva, sin poder comprobarse delito alguno contra ellos.
Sin embargo, debido al cansancio y las ínfimas condiciones de vida dentro de las cárceles, muchos de ellos terminaron aceptando la oferta de la parte acusadora: declararse culpable, sometiéndose a proceso abreviado, a cambio de obtener libertad inmediata. Tal fue el caso del dirigente César Apaza.
Uría, por su parte, rechazó declararse culpable y acceder a un juicio para obtener su libertad. Durante el tiempo de su encierro, se declaró inocente y mencionó que no se doblegaría ante el Gobierno inculpándose por algo que nunca hizo.