El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, advirtió que algunas instancias de Gobierno y el Ministerio Público no promovieron acciones legales específicas para el resarcimiento de los 30 millones de dólares desfalcados al Estado boliviano en la presunta compra de las 16 barcazas y dos remolcadores chinos para la exportación de hierro del Mutún.

El legislador cruceño informó que tras solicitar mayores datos sobre estos casos a la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado para saber si el Ministerio de Defensa, la Empresa Naviera Boliviana e incluso el mismo Ministerio Público y la Procuraduría habían iniciado acciones legales para el resarcimiento de los 208 millones de bolivianos desfalcados al Estado en la fallida compra de barcazas chinas, descubrió que ninguna de las instituciones ya citadas efectuó diligencias para este fin.

“Nos sorprende que ninguna de estas instancias hizo algo para recuperar los recursos de los bolivianos”, lamentó Montero.

Argumentó que el desfalco millonario fue descubierto en 2012, pero en más de una década ninguna autoridad del partido de Gobierno y tampoco el Ministerio Público realizaron acciones concretas para el resarcimiento de los recursos desfalcados, sino arguyen que se espera la sentencia; sin embargo, ya existen 21 sentenciados y ni una moneda recuperada.

“Según el artículo 8, de la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado, la entidad tiene la función de resguardar ‘los bienes del patrimonio e intereses del Estado, en particular, en materia de inversiones’, pero en las barcazas chinas solamente encontró ‘acciones negligentes’ de algunos funcionarios, pidió el enjuiciamiento en 2012 y 2013, y el actual procurador pide esperar la sentencia condenatoria a los responsables para el resarcimiento, cuando hay varios sentenciados”, argumentó el parlamentario.

Montero agregó que la inacción y pasividad de las autoridades durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, además del Ministerio Público, principales encargados de haber promovido acciones legales para la recuperación de los 208 millones de bolivianos, solo se quedaron con las denuncias y los juicios, lo que también los hace responsables por esta afectación.

“Con razón Bolivia, al igual que Venezuela, destaca en el ranking de los países menos eficientes en la lucha contra la corrupción y cunde la impunidad”, finalizó Montero.

El caso Barcazas Chinas fue uno de los primeros que comprometió los recursos del Estado en un fraudulento negocio por la compra de las barcazas y empujadores por los que la Empresa Naviera Boliviana pagó por adelantado y al contado casi $us 30 millones, al margen de la ley.

El material naviero debió ser entregado de acuerdo a los contratos suscritos entre Enabol y la empresa General Marine Business (GMB) a fines de 2010, estos bienes nunca llegaron al país, porque se vieron envueltos en líos judiciales y embargos.

La GMB subcontrató a otras empresas para la construcción de las barcazas y de los empujadores, al final, el país no tenía ninguna relación directa con dichas empresas.