De acuerdo con la relación de hechos que figura en el documento de sobreseimiento emitido por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, siete elementos confirman actos de corrupción en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato para la construcción de la carretera Sucre – Yamparáez, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“Lo emplazo, señor Lima, tenemos los audios y videos de lo que usted dijo, que aquí se han cometido delitos, hay materia suficiente para investigar, hay materia justiciable, decía usted; hoy por qué se esconde detrás de su escritorio. Sea valiente y diga al pueblo boliviano”, exigió el diputado del MAS, Héctor Arce, al ministro de Justicia, Iván Lima.

El legislador del ala evista, principal denunciante de los hechos de corrupción en el caso ABC, lanzó el desafío al ministro Lima luego de conocer la resolución jerárquica emitida por el fiscal departamental de Chuquisaca, Edgar Aramayo, el 30 de junio. El documento, al que Visor21 tuvo acceso, confirma el cierre de la investigación sobre las irregularidades que se cometieron en el proceso de licitación.

La resolución no analiza los elementos delictivos que figuran en la denuncia de Arce, en cambio, el fiscal Aramayo se enfoca en el hecho de que la Procuraduría General, como parte denunciante, presentó la impugnación al sobreseimiento fuera de plazo, que se cumplió el 31 de mayo.

Sin embargo, al margen de ese contexto, la resolución contiene una relación de hechos en la que se puede enumerar siete elementos que de forma contradictoria, confirman que sí existieron hechos de corrupción.

SIETE ELEMENTOS

El primer elemento es el flujo de llamadas que se dieron entre los seis miembros de la comisión calificadora de la ABC (principales denunciados) y el representante de la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC), Zhengyuan Jin y varios de los directores de la ABC.

El segundo elemento mencionado en la resolución es la adulteración de los formularios notariales que presentó CHEC en su propuesta. De acuerdo con el texto del fiscal, se establece que el 27 de diciembre de 2022 se cerró la etapa de presentación de las propuestas de las empresas; sin embargo, como lo confirmó el ministro Lima, el empresario Jin sustituyó los poderes notariales con documentos que recién fueron emitidos en enero de 2023.

Por ese elemento, la denuncia se amplió contra una notaria de fe pública, María Isabel Galleguillos, quien se dice adulteró las fechas de la emisión de los poderes de la CHEC. El fiscal Aramayo no menciona lo que sucederá con dicha profesional.

La resolución de sobreseimiento favorece a los siguientes imputados: el ciudadano chino Jin, representante de la empresa china CHEC, los miembros de la comisión calificadora y exfuncionarios de la ABC, Hernán Palacios, Juan Carlos Hidalgo Chura, Cristian Rolin Mendieta y William Mamani Loza; Javier López Quespi, Said Martínez Carballo, Cosme Gudelio Agostopa, Carlos Rafael Chipana, Deimer Quispe Valencia, Jesús Esteban Aguilar Suxo y la notaria Galleguillos.

El tercer elemento se refiere a la declaración de Deymer Quispe y Juan Carlos Hidalgo, quienes afirmaron que el gerente nacional administrativo y financiero de la ABC, William Mamani, pidió a los miembros de la comisión calificadora que (de forma irregular) le filtren los datos sobre el proceso de licitación, con el fin de direccionar la contratación en favor de la CHEC.

El cuarto punto, es otro elemento mencionado en la declaración de Hidalgo, quien aseguró que luego de renunciar a su cargo por temas personales, en el mes de agosto de 2022, cuando ya se conocía que Arce presentaría la denuncia ante la Fiscalía, señaló que Mamani lo amenazó para callar y no revelar las irregularidades que se cometieron durante el proceso de licitación.

El quinto elemento, se enfoca en la reunión que se dio en la residencial Bolivia, en la ciudad de Sucre, el 6 de enero de 2022. Al interior de una de las habitaciones, los miembros de la comisión se reunieron con el empresario Jin para hacerle conocer los errores que había en su propuesta, que daban lugar a la anulación del documento, pero fueron subsanados con el cambio de documentos, entre ellos un poder notarial.

Para ingresar a la habitación donde se dio dicha reunión, según el relato de Hidalgo, se debía dar una clave: “pollo”.

El sexto elemento se refiere al flujo de dinero correspondiente al 50% de Bs 18.632.366, monto que era la presunta coima que la CHEC pagaría a los ejecutivos de la ABC por quedarse con el contrato. Los más de Bs 9,3 millones salieron de una cuenta del Banco BISA en La Paz, en tres retiros en efectivo, que, según el relato de la Fiscalía, fueron entregado al gerente técnico de la ABC, Cristian Mendieta.

El séptimo elemento, se refiere al lavado de dinero de los Bs 9,3 millones, que el empresario chino hizo a través de la contratación ficticia de una constructora a la que pagó ese monto, por el aparente alquiler de maquinaria. Por ese hecho, también se imputó al ciudadano Jesús Esteban Suxo, quien emitió facturas por ese monto, sin tener un NIT vigente.

INCUMPLIMIENTO

DE DEBERES

Con todos esos elementos, resaltados por el diputado Arce, se prevé una denuncia contra el procurador General, Wilfredo Chávez, y el ministro de Justicia, Iván Lima, por incumplimiento de deberes, al no haber presentado la impugnación al cierre del caso y el incorrecto seguimiento de este hecho de corrupción.

SOBRESEIMIENTO

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca, mediante una resolución jerárquica, de fecha 30 de junio de 2023, desestimó impugnaciones y ratificó el sobreseimiento en el caso de presuntas coimas en la ABC, por lo que dio por concluido el proceso penal levantando los cargos contra 12 personas.

La resolución dispone ratificar el sobreseimiento de los imputados y “la conclusión del proceso, debiendo procederse a la cesación de toda medida cautelar dispuesta en su contra, así como la cancelación de sus antecedentes penales respecto a la presente causa”.

La resolución jerárquica ratifica que “no existen elementos de prueba para que de forma razonable se fundamente una acusación fiscal”.

El abogado de uno de los implicados, Frank Campero, señaló que con esta decisión de la Fiscalía “definitivamente procede al archivo de obrados y bajo ese contexto ya no habría más que investigar al respecto”.

“Ya no hay más proceso abierto en contra de los ahora imputados y los mismos ya tiene la posibilidad de pedir el resarcimiento del daño, porque han sido falsamente denunciados por ese lado”, dijo el abogado. (EL DIARIO y Visor21).