“Deben 700.000 bolivianos a la Alcaldía. Nosotros vamos a pedir la anotación preventiva de los bienes de la señora Amparo Carvajal y su directiva. ¿Qué han hecho con los alquileres de esos ambientes de la Asamblea? Cada ambiente aproximadamente es 4.000 bolivianos y son años que han estado cobrando”, dijo el jurista que también patrocinó a la exdiputada Lidia Patty, en el supuesto golpe de Estado de 2019.
El 2 de junio de 2023, Salazar avasalló instalaciones de la Apdhb, y se adjudicó la presidencia de esa institución, de la que fue elegido vicepresidente en 2018.
El 17 de julio de 2023, cuando Carvajal se encontraba en vigilia de los predios de la Apdhb, hostigada, sin opción al uso de servicio básicos, se conoció que Salazar, tuvo una orden de detención por no pago de pensiones a su pequeña hija y, en un caso paralelo, por no haber cancelado un préstamo.
Salazar, afín al Movimiento al Socialismo (MAS) se negaba a pagar 1.000 bolivianos mensuales que había voluntariamente fijado a favor de su hija y luego acudió a una jueza de Sucre, donde reside, para ofrecer solamente 500 bolivianos al mes aduciendo que “estaba en la calle” y que no tenía trabajo, pese a que es abogado, según publicación de Brújula Digital.
El otro proceso, fue acusado de no pagar una deuda de 3.020 bolivianos a una persona de Sucre.
Días después, Salazar negó que tenga un proceso judicial pendiente por la falta de pagos de pensiones para su hija.
“Todas las acusaciones son falsas. Esa denuncia data de 2022 y ya se ha cumplido con lo exigido”, aseguró en diálogo con Asuntos Centrales.