El jurista aclaró que su patrocinado fue absuelto de los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios del Estado, no obstante, fue declarado culpable por el ilícito de incumplimiento de deberes. La sentencia que fue conocida el martes, será leída en su integridad el próximo lunes 26 de junio.

PRIMER PRESO POLÍTICO

El 8 de noviembre de 2020, Luis Arce era posesionado como presidente del Estado y el día 19 de ese mes la Policía aprehendía a Rivas, bajo sospecha de haber “facilitado la fuga” de los ministros de Defensa y Gobierno del gabinete de Jeanine Añez.

Rivas fue director de Migración durante el gobierno de Añez y su cargo dependía del Ministerio de Gobierno, entonces al mando de Arturo Murillo que días antes del cambio de gobierno, junto con su par de Defensa, Luis Fernando López, salieron del país por vías no controladas o pasos no autorizados.

En la oportunidad, Rivas denunciaba el carácter político de su aprehensión y aseguraba que en el caso de Murillo y López él ya no ejercía funciones en Migración, por tanto, el proceso era un montaje y una aberración jurídica.

Con Arce en el poder y el nuevo ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se impulsó la denuncia contra Rivas por presunto uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por un tema relacionado a la emisión de 445 alertas migratorias, supuestamente sin respaldo legal.

Del Castillo presentaba media docena de archivadores y anticipaba que ese despacho se convertiría en la parte acusadora contra Rivas para “dejar un precedente” contra quienes “usaron las instituciones del Estado para perseguir a quien piensa diferente”.

“Esta persona utilizaba la institución para perseguir políticamente a varios sujetos de nuestra sociedad. De 1.061 alertas migratorias que había realizado, el 42% fueron ilegales para perseguir a exfuncionarios, políticos, periodistas, diplomáticos, incluso empresarios”, manifestaba Del Castillo a los cuatro días de la aprehensión de Rivas.

El mismo día en que Rivas era aprehendido, el 19 de noviembre de 2020, figura también como la fecha en la que la nueva directora de Migración, Katherine Calderón, emitía su informe a Del Castillo sobre esa emisión de alertas migratorias; es decir, se actuó “en el día” contra el exfuncionario.

Al respecto, en la oportunidad, Brito manifestó que las alertas que su cliente activó cuando estuvo en el cargo, buscaban reducir la trata y tráfico de personas y que las mismas también podían haber sido activadas por funcionarios policiales y de la Fiscalía, ya que Migración les facilitó una contraseña para el fin.

“Este proceso es totalmente armado, forzado, dice que hay alertas migratorias que se hubieran activado sin ningún respaldo legal, pero esas alertas que dicen, se refieren a las que se activaron por trata y tráfico de personas (…). Estas personas no buscan la verdad, solo buscan mantenerlo preso”, aclaró Brito en anterior entrevista con EL DIARIO.

A inicios de junio de 2020, Marcel Rivas, informó que con el objetivo de prevenir la trata y tráfico de personas en distintos puntos fronterizos del país, la Dirección Nacional de Migración activaría el Sistema de Alerta Temprana.

La exautoridad dijo que ese proyecto fue ejecutado en coordinación con los ministerios de Gobierno y Defensa, además de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), para combatir en mejores condiciones este delito.

En la oportunidad, Rivas explicó que Bolivia tiene al menos 7.000 kilómetros cuadrados de frontera, en los que existen 21 puntos fronterizos, donde el sistema de alerta funcionará para procesar la información en tiempo real.

Después de conocerse la denuncia en su contra, el 1 de diciembre de 2020, Marcel Rivas, a través de sus redes sociales escribió: “Eliminar Sistema de Alerta Temprana por intercambio de información en línea, sin burocracia entre instituciones del Estado para lucha contra la trata y tráfico y delitos conexos, por lo que me acusan, marcará el regreso de oscuros días para la seguridad del país”.

En la oportunidad, el fiscal Alejandro Gamboa explicó que las alertas migratorias se emiten sólo por orden judicial, requerimiento fiscal, en caso de una resolución de aprehensión o si es solicitada por unidades específicas de la Policía, como Trata y Tráfico de Personas o de Régimen Penitenciario.

MONTAJE Y SIN VÍCTIMAS

Por otro lado, en contacto anterior con el portal digital Visor21, Brito, explicó que su patrocinado es víctima de dos procesos armados que solo tienen como objetivo mantenerlo encarcelado con fines políticos.

Brito señaló que la única parte acusadora particular en el caso de las alertas migratorias es el Ministerio de  Gobierno y no existe ni una sola víctima, ni un solo nombre de esas 445 personas que supuestamente fueron perjudicadas en 2020, situación que confirma el carácter político de este “montaje judicial”.