Policía ayuda a instalar huelga al lado de Carvajal
En breve contacto con Visor21, la octogenaria activista explicó que tres mujeres subieron a la terraza con ayuda de los efectivos policiales que le dijeron que eran “amiguitas que querían ayudarla a ir al baño”, en referencia a la imposibilidad que tiene la mujer de 84 años de acceder a servicios básicos hace 11 días.
“Esa gente entró por atrás”, dijo Carvajal, mientras las supuestas huelguistas se acomodaban a un par de metros de ella.
El segundo al mando de ese grupo, Remberto Cruz, anunció el miércoles que la facción que obedece a Edgar Salazar iba a asumir medidas de presión “hasta las últimas consecuencias”, pues se sienten “perseguidos” por haber tomado la sede de la Apdhb el pasado 2 de junio.
Consultado sobre este hecho, el subcomandante de la Policía de La Paz, Silvio Terrazas, dijo que la huelga instalada al lado de Carvajal no constituye un hostigamiento, que fue prohibido por la acción de libertad que la experimentada activista ganó hace una semana y dejó el tema a análisis de los abogados.
“Si tiene alguna objeción, el abogado de la señora Carvajal tiene que presentar la respectiva denuncia ante el juez que ya conoce la causa”, manifestó el jefe policial a Visor21.
Desde la Apdhb se emitió un comunicado con rótulo de urgente para denunciar esta acción contra la integridad de Carvajal y se responsabilizó a los ministerios de Justicia y Gobierno de cualquier daño que la presidenta y fundadora de esa institución pudiera sufrir en las siguientes horas.
“Este nuevo atropello de personas afines a Edgar Salazar y Remberto Cruz, que se dicen ser defensores de Derechos Humanos, incumple totalmente las resoluciones de la acción de libertad del 13 de julio y que salieron a favor de Amparo Carvajal, cuando en lugar de darle acceso a los servicios básicos, continúa con los actos de amedrentamiento y hostigamiento hacia una persona adulta mayor de 84 años y con serias dolencias físicas”, cita la nota.
La facción de Salazar dijo que no levantará su huelga hasta que se instale una mesa de diálogo dirigida por la Defensoría del Pueblo.
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