“La independencia judicial es uno de los pilares de una administración de justicia independiente, imparcial, accesible a todos los ciudadanos y constituye una garantía no para el juez, siendo la misma un derecho de los ciudadanos y una barrera de protección contra las arbitrariedades del poder”, señala parte del pronunciamiento.
Refieren que la independencia solo es posible desde el respeto a la investidura del juez en todas sus facetas, por lo que resulta inadmisible que en un Estado democrático y Constitucional se activen persecuciones indebidas contra jueces que han intervenido en procesos mediatizados, sin tener en cuenta que la responsabilidad no solo es del juez, ya que intervienen el Ministerio Público, la Policía y en casos con menores de edad la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
“La Asociación de Magistrados de Bolivia no busca protección a ninguna autoridad y que no se sancionen las actitudes que vayan en contra de la ley, empero solicitamos y reclamamos que las investigaciones se realicen dentro el marco del debido proceso, respetando los derechos y garantías procesales y constitucionales de los jueces, así como la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y el derecho a un juez justo e imparcial”, se lee en el documento.
Asimismo rechazaron las persecuciones cuando se inician procesos penales y disciplinarios simultánea y únicamente contra los jueces, notificándolos en horas de la noche mediante mensajes vía celular cuando se tienen los datos de ubicación.
“A tiempo de declararnos en estado de emergencia por los constantes atentados contra la independencia judicial ahora en relación a los jueces del distrito de Santa Cruz específicamente a los jueces de Yapacani, la asociación hará el seguimiento de manera vigilante y anuncia en caso de persistir en atropellos y vulneraciones que acudiremos a las instancias necesarias en respeto a la investidura de una autoridad judicial y pedimos que se realicen las investigaciones de manera imparcial, transparente y sobre todo respetando los derechos y garantías constitucionales que todo ciudadano tiene en un estado de derecho”, finaliza el comunicado.