A tiempo de anunciar una nueva denuncia de la agrupación política Creemos ante organismos internacionales, encargados de la defensa de los derechos humanos, la senadora Centa Rek, condenó que se recurra a la figura de la detención preventiva como instrumento para perseguir y acallar las voces disidentes al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), tal como ocurre con 13 ciudadanos inocentes que participaban de un mitin que terminó en agresiones contra una asambleísta.

Rek, informó que una vez más se han denunciado abusos y excesos que comete la justicia en Bolivia mediante el uso indiscriminado de la denominada “prisión preventiva”, como otro instrumento utilizado por el poder de turno “para perseguir y acallar las voces disidentes al gobierno”.

La legisladora cruceña reprochó que esta figura se aplique nuevamente contra 13 ciudadanos inocentes de Santa Cruz que son víctimas de la medida cautelar, enviados a una cárcel por seis meses por el solo hecho de haber participado en un mitin.

“Comunicar que hemos cursado una nota de denuncia ante organismos internacionales, altos comisionados de derechos humanos para dar cuenta del uso arbitrario, indebido, abusivo de la detención preventiva del que han sido objeto trece personas en Santa Cruz de la Sierra, en razón de los incidentes que dieron curso a una situación violenta contra una asambleísta del Movimiento al Socialismo”, sostuvo.

Detalló que en las notas se hace un relato de los hechos ante los organismos internacionales, como una situación previa a un pedido de cautelar para estas personas, que están siendo melladas en su derecho, que están sufriendo una violación muy grave de su derecho a la defensa en libertad.

En ese entendido, Rek aseguró que el juez Manuel Baptista, que determinó esa extrema medida de seis meses de detención preventiva esa una autoridad cuestionada por su actuar y que en esa oportunidad ha cometido un delito en contra de la libertad, el derecho y las garantías de estas 13 personas (11 mujeres y dos varones), que no tenían ningún indicio de culpabilidad de los delitos de los cuales se los acusa.

La parlamentaria de oposición recordó que organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ya han cuestionado los excesos que se cometen en el país con el uso de una mal aplicada detención preventiva, que termina siendo punitiva.

“La detención preventiva se convirtió en una medida punitiva y no cautelar, lo que la desnaturaliza”, argumentó la CIDH en un informe sobre el estado de la Justicia en Bolivia.

En criterio de Rek, esto ya ha sido advertido por los organismos internacionales a las autoridades bolivianas, sin embargo perseveran, no tienen miedo, no quieren apegarse a la justicia, “siguen mostrando éste patrón dictatorial que está generando tantas irregularidades, tanta violencia y tanto dolor y violación de derechos humanos en Bolivia. Nuestras denuncias continuarán”.

Para finalizar, la legisladora aclaró que no está en contra de la aplicación de la detención preventiva en el marco de lo que señala la norma, que indica la aplicación de la medida “únicamente cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho”.

“La prisión preventiva debe mantenerse durante un tiempo razonable, como señala la norma. Aun cuando existan razones para mantener a una persona en prisión preventiva, esta debe ser liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable. Los Organismos internacionales han establecido, además, que los únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva son el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización”, recordó la legisladora.