Casos de acoso político y violencia incrementaron entre 2022 y 2023
La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), establecieron que el índice de casos de acoso y violencia política en Bolivia registró un aumento del ocho por ciento, entre 2022 y 2023.
Pedro Callisaya, titular de la Defensoría, mencionó que existen 500 denuncias de acoso y violencia política en el Ministerio Público, pero solo tres, de estos casos, tienen sentencia y, a modo de reflexión, señaló que “los efectos y resultados de la aplicación de la Constitución y la normativa probablemente aún son débiles”, por lo cual remarcó la importancia de evaluar la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Así mismo, explicó que entre los avances sobre la problemática, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que evidencia el uso de recursos como los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida como nueva modalidad de acoso y violencia política, además, visibiliza como las mujeres autoridades son privadas de sus salarios, o son víctimas del uso de poderes notariales para hacer que renuncien a sus cargos.
Respecto a la generación de herramientas necesarias para prevenir el acoso y violencia política en los municipios, junto a ACOBOL se suscribieron 152 convenios con los gobiernos municipales para fortalecer la capacidad de atención de casos; se impartieron talleres en 106 municipios para promover la protección a las víctimas; y en 84 gobiernos municipales, se gestionó la implementación y fortalecimiento de equipos de grabación de audio y video.
También se impulsó la elaboración y puesta en vigencia de reglamentos y comisiones de ética en 172 gobiernos municipales. Todos estos resultados se constituyen la base para que las instituciones y autoridades del Estado aporten al trabajo conjunto para evitar que repliquen más casos de acoso y violencia política contra mujeres autoridades electas.
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