“Este acuerdo tiene que ser refrendado por la Asamblea Legislativa, si no es refrendado no tendrá efectos jurídicos en nuestro país. La Constitución Política del Estado establece que la seguridad nacional es una atribución congresal y no es delegable”, expuso Pedrazas en entrevista con DNews de Argentina.
El convenio fue anunciado el 20 de julio a través de la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán (IRNA), con una foto de los ministros de Defensa de ambos países, Edmundo Novillo Aguilar y Mohammad Reza Ashtiani.
Al respecto, Pedrazas enfatizó que el Gobierno de Bolivia escondió los alcances de ese acuerdo al no haber difundido la información por los canales oficiales como es la Cancillería del Estado.
La Constitución Política del Estado (CPE) también establece que Bolivia es un Estado pacifista y no tiene sentido hacer acuerdos con países cuestionados ante la comunidad internacional, por sus características dictatoriales y autocráticas, complementó el diputado por Chuquisaca.
Pedrazas anunció que se pidió la información oficial del documento, para conocer las cláusulas, los objetos principales y alcances de ese convenio marco.
En Argentina, el convenio entre los regímenes del Estado Plurinacional y de Irán fue rechazado y criticado por el antecedente de los atentados terroristas que perpetró una célula dirigida por Teherán a la AMIA entre 1992 y 1994.
“Bolivia hace un acuerdo de seguridad con Irán que está acusado por nuestra justicia y respaldado por Interpol como responsable del ataque a la AMIA en 1994”, tuiteó el secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño Waldo Wolf, entre muchos políticos del vecino país que deploraron el avance de la influencia iraní en Bolivia.