El dirigente cocalero fue imputado por más de una docena de delitos que supuestamente cometió durante las protestas contra el mercado ilegal de coca el año pasado. Tras ser arrestado violentamente en un operativo con policías vestidos de civil, la justicia determinó recluirlo con detención preventiva desde el 22 de septiembre de 2022.

Los abogados del Ministerio de Gobierno enviaron la solicitud de ampliación de la detención preventiva al juez el pasado miércoles. En la parte de los fundamentos de la petición, los juristas indican que existen ciertos aspectos de complejidad, en los que se encuentra: “El grado de dificultad que conlleva la investigación, extremo que se cumple en la presente causa, pues la obtención de las pruebas se toma compleja y de difícil obtención, existe pluralidad de delitos a los cuales se subsumiría el comportamiento del imputado”.

Los denunciantes también alegan que la pluralidad de sindicados, algunos identificados, dificulta el avance porque aún no fueron llamados a declarar.

“Por lo expuesto y en cumplimiento del art. 233 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1226, de fecha 16 de septiembre de 2019, esta cartera de Estado, solicita a su autoridad la ampliación del plazo de la detención preventiva, del imputado Julio César Apaza Tintaya fundamentos por un plazo de cuatro meses, asimismo, nos adherimos a la solicitud del representante del Ministerio Público, mismo que se fundamentará y ampliará en audiencia señalada por vuestra autoridad”, dice la parte del petitorio.

Párrafos antes, los denunciantes también alegan que otra de las dificultades es la pluralidad de víctimas y testigos.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se reunió con los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en abril pasado para supuestamente resolver sus conflictos. Uno de los compromisos fue liberar a los dirigentes cocaleros detenidos. Sin embargo, esa promesa fue condicionada a que muchos de los acusados se declaren culpables y en un juicio abreviado sean liberados por sentencias menores.

Hasta el momento, al menos tres detenidos en los conflictos entre cocaleros fueron liberados. Dirigentes que no aceptaron el acuerdo, como César Apaza, aún continúan detenidos.

TRATOS CRUELES

En mayo de 2023, la Defensoría del Pueblo, a través de un informe, estableció que Apaza sufrió “trato cruel y degradante” durante su aprehensión, la madrugada del 22 de septiembre de 2022. En ese marco, solicitó que el fiscal del caso, Carmelo Laura Yujra, sea procesado debido a su presunta negligencia al no investigar las denuncias de tortura por parte del dirigente cocalero.

El informe, emitido el 11 de mayo bajo la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2023/02, señala que las lesiones sufridas por Apaza fueron producto de la intervención policial durante su aprehensión y posterior traslado y detención en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. Estos hechos, según el informe, configuran un trato cruel y degradante de acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional.

“Los malos tratos de los que fue víctima César Apaza podrían configurar tortura si la investigación, en especial la aplicación del Protocolo de Estambul y pericias psicológicas, aportan mayores elementos para la calificación de la gravedad o severidad, según las circunstancias subjetivas y objetivas que la jurisprudencia internacional ha determinado”, señala el documento.

Según el testimonio que Apaza dio a la Defensoría del Pueblo, cuando lo aprehendieron fue rociado con gas en la cara por varios policías, quienes lo sometieron a golpes y ataron sus manos y pies. Además, denuncia haber sido obligado a firmar un documento.

“El coronel Rojas, me dijo ‘firma c…’ y le miré y le dije, no voy a firmar, mi coronel, porque entiendo que tengo mis derechos, solicito comunicarme con mi abogado; ‘firma primero carajo’ me volvió a repetir, se salió y en salirse me dio otros golpes, volvió a entrar y dejaron de golpearme, y me preguntó, ‘cómo es, hijo de p…, vas o no vas a colaborar’. Yo le dije que sí, pero, que también me dejen primero hablar con mi abogado y me empezó a agarrar del cuello, ‘Apaza, m…, vas a firmar o no’, le miré y le dije que no, se abstuvo a tirarme el golpe, mirándome con una mirada muy enojada, y ahí sus encapuchados, sus policías, me propinaron otros puñetes”, relató Apaza, de acuerdo con el informe. (EL DIARIO y ANF).