-Dos razones por las que la sentencia es nula e inaplicable es, por un lado, el carácter autoprorrogado del Tribunal que la emitió; además, el proceso por el caso Petrocontratos debió haberse paralizado luego de que el expresidente fuese declarado rebelde, pero se continuó con él deliberadamente.
-El Gobierno anunció ayer que aguarda a que EEUU envíe un avión para extraditar al exjefe de la fuerza antidroga, Maximiliano Dávila.

Tras la sentencia emitida contra el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por el caso “Petrocontratos”, y el anuncio del Gobierno de que procederá a la extradición a Estados Unidos del exjefe de la fuerza antidroga, Maximiliano Dávila, expertos observan que estos son solo actos de distracción para ocultar la crisis que enfrenta el país mientras queda sumergido en una dictadura socialista.

Recientemente se conoció que el expresidente boliviano fue sentenciado a seis años y tres meses de cárcel por el caso “Petrocontratos”, gracias a una resolución judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Asimismo, el Gobierno autorizó la extradición hacia Estados Unidos del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcc) de Evo Morales, quien es solicitado en ese país por narcotráfico.

En este sentido, el analista y doctorado en economía, Fernando Untoja, manifestó que el Movimiento al Socialismo (MAS) solo intenta ocultar la crisis con estas acciones y otras polémicas políticas y económicas, entre ellas el “circo” de Morales en busca de que alguna fuerza le “regale” una sigla tras ser inhabilitado en su partido por el Órgano Electoral.

“El MAS y sus actos de distracción para ocultar la crisis: seis años de cárcel para (Sánchez de Lozada) y extradición de (Maximiliano) Dávila; los ‘éxitos’ del Litio para determinar el precio internacional; encuestas de (el empresario Marcelo) Claure; circo de Evo (Morales) para ser candidato y (quien está a) la espera que alguien le regale un partido”, publicó Untoja en su cuenta de X.

Asimismo, tras argumentar la nulidad del proceso contra el expresidente boliviano, el abogado y exministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, manifestó que “la sentencia (contra Sánchez de Lozada) es, por tanto, una pieza de propaganda política que intenta distraer a la opinión pública de la grave crisis que atraviesa el país”.

La exautoridad puntualizó que esta sentencia “nula y plagada de irregularidades” no solo carece de valor jurídico, sino que refleja los delitos cometidos por el autoritarismo en Bolivia. “Esta resolución quedará como prueba documental de la represión sistemática y la crisis moral que atraviesa el país”, agregó.

Desde el sábado se registran filas en varios puntos de la ciudad de La Paz, en las que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) vende dos botellas de aceite por persona con cédula de identidad en mano. Al respecto, Untoja comentó que el socialismo ya llegó porque “ahora se instala en las calles” y vaticinó que luego se exigirá a la población hacer fila con el carnet de militancia del MAS.

DICTADURA SOCIALISTA

Tras la sentencia emitida contra el expresidente, su exministro Sánchez Berzaín señaló que las “sentencias infames” de la justicia boliviana son inaplicables y se presentan como una herramienta de persecución política contra quienes representaron la democracia y la libertad en un país que, según él, es ahora una dictadura.

“Lo que estamos viendo no es sino más falsedad, más persecución política, más sentencias infames en un sistema que ya no es democracia desde hace rato (…) El fallo anunciado contra el expresidente Sánchez de Lozada, por los denominados Petrocontratos, es un acto infame, un acto de persecución que no tiene ningún valor jurídico”, señaló el abogado en entrevista con Radio Splendid.

Sánchez argumentó esta afirmación en que el Tribunal que emitió la sentencia es un “títere autoprorrogado de la dictadura” que ha dictado un fallo, como todos sus fallos anteriores, para supuestamente encubrir a la cúpula del régimen del MAS y para encontrar culpables en quienes son sus víctimas.

El exministro también explicó que el proceso por el caso Petrocontratos es nulo de pleno derecho pues se continuó a pesar de que el acusado había sido declarado rebelde, un hecho que debería haber paralizado el juicio.

REPRESIÓN JUDICIAL

Asimismo, hizo notar que la “dictadura” en Bolivia se refleja también en el hecho de que existen más de 300 presos políticos, entre los que están altos exfuncionarios y líderes opositores como la expresidenta, Jeanine Añez, en quienes se evidencia el uso del sistema judicial como herramienta de represión.

“Este modelo, basado en el terrorismo de Estado, es importado de regímenes como el cubano y el venezolano. Mientras tanto, el país se ha convertido en un ‘narcoestado’, con sus instituciones capturadas por redes de corrupción y narcotráfico y sus recursos entregados a potencias extranjeras como China y Rusia”, apuntó Sánchez Berzaín. (EL DIARIO)