Cobros excesivos y atención discrecional en Dirnoplu perjudican a usuarios
El elevado costo por trámites de apostillado para viajes al exterior con menores de edad y evidencias de atención discrecional hacia usuarios allegados a los funcionarios de la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) son un atropello para otros usuarios que buscan obtener permisos de viaje al exterior para menores de edad, de acuerdo con información constatada por EL DIARIO.
Un usuario que denunció estos hechos al Decano de la Prensa Nacional señaló haber sido víctima de “cobros excesivos” que superan los 100 dólares en la tramitación de documentos que van desde apostillas, fotocopias y poderes solicitados que no estarían especificados en las oficinas de Dirnoplu.
La página web de esta institución estatal, actualizada hasta el 16 de diciembre de 2024, señala que el permiso de viaje al exterior de menores tiene un coste de Bs 200, monto que comprende los conceptos de arancel notarial vía voluntaria (Bs 100), una alícuota a favor del Estado (Bs 50) y honorarios de la notaria o notario (Bs 50).
Sin embargo, el usuario denunciante señaló que invirtió alrededor de Bs 800 para obtener los permisos de viaje para sus dos hijos, ya que el costo de la apostilla, que oscila entre Bs 200 y 300 para documentos originales, entre otros, no se mencionó en la ventanilla de informaciones.
El usuario criticó las tarifas fijadas por esta entidad estatal y cuestionó cómo podrían ser cubiertas por personas con escasos recursos económicos.
Asimismo, la apostilla es un documento que se entrega al solicitante en formato virtual, el cual debe imprimirlo por su cuenta para adjuntarlo a su archivo al momento de realizar sus trámites.
ATENCIÓN DISCRECIONAL
El usuario también denunció atención discrecional en las oficinas de Dirnoplu, ubicado en la zona de Obrajes, puesto que una persona que esperaba su turno con él fue atendida inmediatamente por uno de los funcionarios luego de percatarse que era un conocido suyo.
El usuario afectado remarcó a EL DIARIO que este accionar de los funcionarios es inaceptable en una institución pública, la cual está obligada a atender a todas las personas en igualdad y sin discriminación, de acuerdo con la normativa vigente.
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