Un punto de debate actualmente es el de los intereses estratégicos y los bienes y servicios que debería garantizar el Estado. En Argentina ha llegado a la presidencia un nuevo líder/partido ajeno a la tradicional división entre peronismo y antiperonismo y en su gobierno, la desregulación del estado es prioritaria, incluso se le ha dedicado un Ministerio. Mientras tanto, en Estados Unidos la nueva administración Trump ha creado el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), liderado por Elon Musk, y el puesto de “Zar de crypto e inteligencia artificial” está a cargo de David Sacks, otro multimillonario y el gran líder de IA. Las críticas de tecnocratizar el gobierno, de crear disrupción en la sociedad, y de disminuir los puestos públicos, incluso yendo en contra de la ley, vienen de tiempo atrás. Pero lo cierto es que la IA llegó para quedarse, y es un recurso que puede ser utilizado para desregular e innovar, tanto en el Estado como el sector privado.

EL EMPLEADO PÚBLICO

Hay distintas clases de empleados en el sector público. En España, por ejemplo, existen funcionarios de carrera (con estabilidad) y contratados laborales (temporales o eventuales para funciones menos críticas). Un sistema de concursos busca garantizar la idoneidad de los candidatos. La preparación para estas “oposiciones” ha generado un mercado paralelo de academias privadas y no siempre garantiza la profesionalización continua. En gran variedad de áreas la esencialidad o necesidad puede ser discutida, como en caso de un técnico ayudante bibliotecario.

En el Reino Unido, el “civil service” combina estabilidad para puestos esenciales con esquemas laborales más flexibles, similares al sector privado, en áreas no críticas. Se enfatiza la meritocracia y la evaluación del desempeño. Mientras que en México, los puestos de trabajo en el sector público, como los de maestro, pueden heredarse, y en Vietnam, los empleos públicos incluso se venden o alquilan. En Argentina, al menos hasta que ocurra un recambio generacional, los derechos adquiridos tienen atado al Estado con obligaciones que implican un alto costo.

La razón de ser de la protección al funcionario público, es garantizar prestaciones esenciales del Estado que, por su naturaleza, deben mantenerse independientemente de cambios políticos, económicos, personales, vaivenes comerciales o circunstancias excepcionales. Las funciones consideradas esenciales y que el Estado debe cubrir incluyen en general tres grandes áreas. Una es la provisión de servicios básicos y universales que cada sociedad definirá, como atención sanitaria, seguridad y defensa, y educación. Otra es la justicia: asegurar el cumplimiento de las leyes y la protección de derechos, principalmente a través del poder judicial. Y la tercer es la que garantiza el funcionamiento de la administración pública, incluso durante crisis o cambios de gobierno.

EL SECTOR PÚBLICO

Los intereses de la política y el sector privado han hecho uso y abuso del empleo público fuera de los fines específicos para los que han sido designados. El empleo público transitorio (puestos de confianza) se utiliza como herramienta de gobernabilidad, en paralelo a las estructuras fijas y como forma de fidelizar lealtades partidarias.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una clara diferenciación entre empleados de carrera, con estabilidad al tratarse de áreas clave, y empleados políticos de confianza de los gobiernos de turno. De todas formas, la estabilidad laboral, al igual que en el sector privado, es menor que en otros países. Muchas funciones son tercerizadas o delegadas al sector privado. Además, los empleados públicos suelen estar sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, lo que mejora su eficiencia.

En Argentina, el empleo público es percibido como una fuente de empleo garantizado más allá de la idoneidad personal. Se trata de un resabio corporativista que también es moneda de cambio para pacificar a colectivos, -como sindicatos o agrupaciones políticas- con poder de desestabilización social. Hay un gran contraste con el dinamismo que, aunque en teoría, debería tener el sector privado. Esto se debe en parte a protecciones sindicales, utilización de los cargos públicos para beneficios políticos, sectoriales y personales, y protecciones legales.

En muchas provincias argentinas, el empleo público es la principal fuente de empleo formal. La cantidad de empleados públicos provinciales por cada mil habitantes ha crecido un 70% en los últimos 20 años. Las cifras reflejan una administración inflada en regiones que, paradójicamente, aportan menos al valor agregado bruto nacional según datos de Cepal y Mecon (2023).

En este contexto, nos debemos la discusión sobre si el mantenimiento de puestos públicos, más allá de los críticos, a priori innecesarios, es la mejor manera de inyectar dinero y dinamismo a las economías provinciales menos productivas. Además, la redistribución mediante empleo público plantea dudas sobre su sostenibilidad y eficacia de la economía. Esta dependencia del Estado como empleador refuerza el clientelismo político.

EFICIENCIA VS GOBERNABILIDAD

La reforma del sector público en Argentina no solo requiere retoques normativos, sino también un cambio cultural. No es una tarea fácil proporcionar alternativas de empleo en un país con más del 50% de pobreza; primero hay que lograr una dinamización del sector privado. También se necesita un plan de reconversión y acompañamiento en la transición.

Dentro del sector público hay mucho margen para ganar eficiencia y transparencia. Auditorías independientes, digitalización de la mano de tecnologías de crypto y blockchain, unificación de tareas duplicadas y automatización de procesos son puntas para desenredar el ovillo de la excesiva burocracia y fragmentación administrativa. De esta manera se podría optimizar las estructuras administrativas a nivel nacional, provincial y municipal.

Por ello, es necesario definir las funciones esenciales y el alcance del Estado, y priorizar las áreas donde el empleo público es indispensable. En mi opinión, una de estas áreas es la que debe garantizar el funcionamiento de los poderes básicos del Estado y la provisión de servicios esenciales con calidad y transparencia. Y la otra, es la que debe apuntar al desarrollo de lo que se consideren intereses estratégicos, como los establecidos en el Preámbulo de nuestra Constitución: “afianzar la justicia, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”. (Juliana Montani/Latinoaméric21)