-Callisaya advirtió un “incremento exponencial” de casos de vulneraciones de derecho desde 2018, año en el que hubo 9.685 casos. Este 2024, la cifra anual de casos llegó a 24.375.
-En el ámbito de la justicia, la Defensoría reportó que el derecho a garantías del debido proceso y acceso a la justicia es el más vulnerado, con más de 2.900 denuncias relacionadas a él en la presente gestión.

De acuerdo con el último informe sobre la situación de derechos humanos en Bolivia de la Defensoría del Pueblo, las entidades relacionadas al área judicial, como el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Policía Boliviana y la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), son las más denunciadas por la población ante esta entidad del Estado.

El balance de gestión de la entidad defensorial señala que, en cuanto a la vulneración de derechos humanos, fueron atendidos un total 24.375 casos hasta el jueves 5 de diciembre, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Del total de esta alarmante cifra, el Ministerio Público fue objeto de 1.753 denuncias, seguido del Órgano Judicial, con 1.744; en tercer lugar, están las direcciones departamentales de educación, con 1.257 casos; luego figura la Policía Boliviana, con 1.098 casos; y Régimen Penitenciario, con 610.

“Esto quiere decir que, sumadas las denuncias contra el Ministerio Público, Órgano Judicial, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario, hacen a las instituciones del área judicial las que cuentan con mayor denuncia en Bolivia en la gestión 2024”, apuntó Callisaya.

En suma, se tiene una cifra de 5.205 denuncias relacionadas solamente a las instituciones judiciales, la cual supone un 21,3% del total de casos registrados hasta inicios de diciembre, sin que haya concluido la actual gestión. Expresado en otros términos, una de cada cinco denuncias sentadas en la Defensoría se hace en contra de las entidades judiciales mencionadas.

En el ámbito de la justicia, Callisaya destacó que el derecho más vulnerado es el de garantías del debido proceso y acceso a la justicia, con 2.929 denuncias. En segundo lugar figura el derecho a la petición y respuesta, con 2.140 casos registrados. Más abajo están el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir sin violencia, con 10.039 casos; derechos en la Familia, con 145; acceso a servicios básicos, con 128; y derechos de seguridad social, con 123 casos.

De acuerdo con la clasificación geográfica del balance, el departamento de La Paz se ubica en el primer lugar de incidencia, con 4.167 casos. Le siguen las ciudades de El Alto, con 4.033 casos; Cochabamba, con 2.429; Santa Cruz, con 2.405; finalmente, Beni con 1.007 casos y Bermejo, con 169 casos.

CRECIMIENTO ALARMANTE

El Defensor también hizo notar un incremento “ostensible” de denuncias desde el 2022, año en el que las denuncias superaron los 17.000 casos anuales y hoy no dejan de ascender, según la tendencia que muestran las gráficas.

“Desde el año 2014 hasta el 2018 ha ido fluctuando la cantidad de casos, con un pico de 19.097 el año 2015 y un límite inferior de 9.685 casos en el año 2018. Sin embargo, a partir del 2018, ha habido un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de casos”, señaló el Defensor.

Y es que, entre los años 2019, 2020 y 2021, los casos registrados en la Defensoría subieron de 12.013 a 12.197, y luego a 15.570, respectivamente.

No obstante, al año siguiente (2022), la cifra ascendió “ostensiblemente” a 17.023 y luego a 20.585 en 2023, hasta llegar a la presente gestión, la cual superó los 24.000 casos atendidos, apuntó Callisaya durante su programa semanal transmitido por redes sociales.