“El juez (…) declara fundada la excepción de incompetencia (…) y dispone lo siguiente: 1. Se declina competencia al juzgado de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto de turno. 2. Se ordena al Ministerio Público a disponer que la presente causa sea conocida por un fiscal especializado en minoridad (menores). 3. Se declaran nulos todos los actos procesales y fiscales por no haberse llevado dentro del control competente, salvándose el caso de la denuncia”, señala la parte final de la resolución emitida por Foronda, a la que Periodismo sin Photoshop accedió.

El documento fue emitido el 20 de octubre, ocho meses después de que el juez admitió el caso. La madre de dos de las víctimas denunció a este medio que durante ese tiempo, la investigación fue demorada por diferentes irregularidades atribuidas a los fiscales; al contrario, el imputado, Inti Méndez, de 32 años, hijo del ministro de MMAyA, fue beneficiado con detención domiciliaria y salida laboral, para que continúe como funcionario en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), pese a que no se presentó a trabajar por cinco meses. La firma estatal negó dar información sobre el caso.

“Hicimos la denuncia (contra Inti) en marzo, en mayo posesionaron a su papá como ministro (de MMAyA). No sabemos si es porque él tiene poder o influencias para hacer que las cosas se dilaten tanto. La fiscal que estaba a cargo (Wendy Gómez) no ha dejado que el caso avance, para nada, rechazaba todos los pedidos de investigaciones que hicimos, hasta que la aprehendieron por un caso de corrupción (caso Emavías) y la sacaron de este proceso”, aseveró la madre de las víctimas.

En una audiencia y sin la presencia de los denunciantes, Foronda anuló todo lo investigado sin importar que se presume existen múltiples víctimas de violación y abuso sexual, sostuvo la abogada de las víctimas, Paola Barriga.

“Hablamos de un presunto violador serial, que cometió estos abusos contra distintas personas que fueron muy allegadas a él. En este momento conocemos de al menos tres víctimas”, cuestionó Barriga y advirtió que al procesar al imputado como si se tratara de un menor de edad, la pena mayor que el presunto agresor podría recibir es de seis años.

El motivo

del caso

En marzo, Renata (nombre ficticio para proteger a la víctima) y su hermano mayor, de 22 y 24 años respectivamente, presentaron dos denuncias, por separado, ante la Fiscalía de El Alto, contra su primo hermano, Inti Méndez. La joven afirmó que fue víctima de abuso sexual desde los cuatro hasta los ocho años, en cambio, su hermano declaró que sufrió al menos cuatro violaciones; estos hechos presuntamente se cometieron en los domicilios de las respectivas familias en La Paz y Potosí, cuando el hijo del ministro tenía entre 16 y 20 años.

Por razones que la Fiscalía no explicó, la denuncia del varón fue rechazada y solo se abrió una investigación contra Inti por el caso de abuso sexual denunciado por Renata. Sin embargo, dentro de ese proceso se recolectó otra declaración de una prima del presunto agresor que afirmó haber sufrido abusos sexuales cuando era niña.

Según el relato de las tres víctimas, nunca contaron a sus padres sobre las agresiones sexuales porque el agresor los hacía sentir culpables al hacerles ver el terrible problema que se generaría entre familias si lo contaban.

Renata explicó que presentaron las denuncias luego de 12 años porque en la navidad de 2022 tuvieron una discusión con Inti, en medio del consumo de bebidas alcohólicas, donde los dos hermanos descubrieron que fueron víctimas del mismo agresor.

IDIF se toma 1 año para

verificar testimonio

Para la madre de los dos hermanos existen varias irregularidades, cometidas tanto por la Fiscalía, el juez Foronda y la defensa del denunciado, que les hacen presumir que existe una protección política para el hijo del ministro Méndez. Durante la investigación, la fiscal Wendy Gómez, al contrario de solicitar la detención preventiva, favoreció a Inti al afirmar que este tenía derecho a trabajar, pese a los indicios presentados en su contra.

Llama la atención que en el archivo figura una orden de evaluación psicológica para la joven de 22 años, pero los responsables del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) programaron la misma para el 24 de marzo de 2024. Es decir, solo la verificación del testimonio de la víctima tomaría un año.

Por último, Barriga denunció que Foronda no entregó el cuaderno de control para que sea sorteado y se lo asignen a un nuevo juez de menores de edad. El próximo lunes, Inti Méndez debe presentarse para dar una nueva declaración. (Periodismo sin Photoshop)