El juez Luis Fernando García Mamani, quien también procesó a Marco Antonio Aramayo, escuchará hoy la declaración de tres supuestos testigos de la toma del mercado ilegal liderado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanez, informó a EL DIARIO el abogado Jorge Valda, a tiempo de aclarar que buscan incriminar al líder cocalero César Apaza, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares.

“Mañana (hoy) se quiere llevar adelante la audiencia de anticipo de testimonios, mediante el mecanismo de anticipo de prueba, que supone que las víctimas declaren antes de ingresar a juicio. El juez les estaría tomando la declaración para que ya no tengan que declarar en juicio y eso lo están haciendo porque no hay víctimas que quieran declarar, nadie ha declarado ante la Fiscalía ni la Policía y ahora quieren hacer aparecer dos o tres personas que declaren y alguna de ellas involucre a César Apaza y así sacar una acusación”, explicó.

Apaza, quien fue aprehendido violentamente el 22 de septiembre de 2022, fue imputado por los presuntos delitos de incendio, lesiones graves y leves, atentado contra bienes públicos, privación de libertad, robo agravado, secuestro, tráfico ilícito de armas, e instigación pública a delinquir, por la toma del mercado declarado por el Gobierno de ilegal.

A la fecha, las investigaciones del caso no han tenido avances porque, según la admisión del fiscal del caso, Bolívar Alvarado, de las 11 víctimas registradas para la investigación solo una se presentó ante un perito del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, pero “no ha brindado la información necesaria por temor a represalias”, debido a las disputas entre los dos sectores cocaleros, según un reportaje publicado por la ANF.

El retraso en la investigación por causa de las mismas supuestas víctimas le sirvió al fiscal para solicitar una nueva ampliación de la detención preventiva, que el vocal César Portocarrero aceptó hasta el 3 de noviembre, con el argumento de que es un caso complejo y con víctimas múltiples.

Al contrario, la abogada Evelyn Cossío, que patrocina a Apaza, considera que la ausencia de las supuestas víctimas impide avanzar con el caso y por tanto se incumple el debido proceso.

RECHAZO AL CESE

DE LA DETENCIÓN

Bajo el argumento de su delicado estado de salud, Apaza pidió el cese a su detención preventiva, empero en una audiencia realizada ayer, el juez García Mamani rechazó la solicitud y confirmó el encarcelamiento del productor de coca hasta noviembre próximo.

“De la revisión de antecedentes (…) se puede establecer que se han pedido los informes correspondientes, existen los certificados correspondientes que acreditan que dicho ciudadano no se encuentra en un estado de salud tan grave como para determinar como alguna situación al respecto (…)”, dijo el juez García Mamani en audiencia.

El reportaje publicado por ANF da cuenta del trato diferenciado del que es objeto Apaza de parte de la Fiscalía, también es evidente porque hay otros quince dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que tienen órdenes de aprehensión por los mismos disturbios del 8 septiembre del 2022, pero no han sido detenidos e incluso se han reunido con el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en una polémica asamblea celebrada a las puertas de esa institución en abril de 2023, cuando la autoridad incluso bailó con mujeres cocaleras.

SALUD

Por otro lado, la abogada Cossío dijo que a la fecha, a pesar de la recomendación de los médicos, de que Apaza se someta a 15 sesiones de fisioterapias, no se cumplieron los extremos y por ello prácticamente todo el lado derecho de su cuerpo lo tiene inmovilizado, extremo -según dijo- es refrendado por un médico forense.

“Lo extraño es que días antes de su audiencia Régimen Penitenciario envía médicos, para que éstos refrenden que César Apaza se encuentra en las mejores condiciones”, advirtió la jurista.

“Al dirigente cocalero Julio César Apaza Tintaya, de 40 años, le cuesta abrir y cerrar el ojo derecho. Mientras habla con una voz de murmullo, su lengua parece trabarse. En medio de la poca luz de su estrecha y fría celda de la cárcel de San Pedro (La Paz), identificada como La Cueva 85, es visible la parálisis parcial de su rostro, pero en el penal no ha recibido las sesiones de fisioterapia recomendadas por los médicos tras las secuelas de una hemiplejia sufrida en el lado derecho de su cuerpo durante su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro”.

“Tendido en su cama, también es notorio que ha perdido peso y que está disminuido físicamente por sus afecciones. Un psiquiatra le ha diagnosticado depresión y ansiedad y está medicado, pero tampoco recibe terapia psicológica. Cuenta con una silla de ruedas para movilizarse con la ayuda de un compañero de celda, que es el encargado de cocinar para ambos”.

“‘Todo mi mundo ha cambiado’, dijo para ese reportaje a fines de julio, cuando fue visitado en su celda, en la sección de Los Pinos de la cárcel de San Pedro, donde cumple la detención preventiva que le impusieron el 23 de septiembre del 2022, imputado por quince delitos, tras liderar como presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca una marcha multitudinaria de cinco días, del 4 al 8 de septiembre de 2022, desde Chulumani hasta La Paz”, se lee en la publicación de ANF.

DE TORTURADO

A DENUNCIADO

La madrugada del 22 de septiembre del 2022, policías encapuchados, aprehendieron al líder cocalero de una manera por demás violenta, tal como se evidencia en videos que se difundieron en redes sociales. No obstante, la funcionaria policial, Soledad Limachi, denunció al productor por supuesta agresión.

Cossío aclaró que la denuncia de la uniformada refiere que el día de su aprehensión, Apaza supuestamente la habría agredido a la altura del tabique nasal generándole una lesión que dio origen a una incapacidad de cuatro días.

“Nos llama la atención que el Ministerio de Justicia se haya incorporado dentro del proceso como parte de veedor, haciendo seguimiento exhaustivo a los efectos de que se pueda sancionar de forma ejemplificadora al señor Julio César Apaza Tintaya”, manifestó Cossío en entrevista con radio Panamericana.

Por este proceso Apaza ya fue imputado y la justicia programó su audiencia para el martes, misma que se suspendió porque la supuesta víctima no fue notificada.

“Apaza está atravesando dos procesos y a pesar de que se le brindó tutela en una medida cautelar a su favor y a pesar del informe de la Defensoría del Pueblo que establece que César Apaza fue víctima de tratos crueles e inhumanos, se apertura un proceso en Fiscalía pero no hay avances, hasta la fecha no se le citó si quiera a declarar para que pueda dar los nombres de los policías que los habrían torturado, no obstante se maneja de manera inmediata, existe celeridad, en el proceso instaurado por la efectivo policial que lo ha torturado a Apaza y ahora se constituye en calidad de víctima”, dijo Cossío.

El informe de la Defensoría del Pueblo estableció “tratos crueles y degradantes, calificación que llegaría a tortura una vez que se cuente con elementos que permitan medir la gravedad o severidad del daño a la víctima”.

Además, según un cuestionario respondido por la Defensoría para el reportaje de ANF, a partir de este caso, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un instructivo para que vocales y jueces garanticen los derechos de las personas que llegan a las audiencias con signos de golpes y no consideren las declaraciones obtenidas “mediante el empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Asimismo, según el documento, la Fiscalía finalmente aceptó en junio iniciar una “investigación contra el autor o autores por el delito de vejaciones y torturas, teniéndose como víctima a Julio César Apaza Tintaya”, derivándose el caso a la fiscal Inés Marca.

De la misma forma, la Fiscalía dispuso el inicio de un proceso disciplinario contra el fiscal de materia Carmelo Laura Yujra por haber desoído los reclamos de Apaza porque fue golpeado y torturado por agentes policiales cuando fue detenido.

MEDIDAS CAUTELARES

Por otro lado, el abogado Valda manifestó que la CIDH otorgó medidas cautelares a Apaza, a pesar de que el Estado, a través de la Procuraduría, haya ignorado la resolución del 11 de mayo de la Defensoría que habla de tratos crueles y degradantes y no hable de la misma. Pero, además, incluye datos que parecen errores como el de una supuesta persecución de agentes a Apaza hasta El Alto, cuando, según imágenes de video, fue aprehendido a las puertas de la sede de Adepcoca en La Paz y luego trasladado por la misma Policía a El Alto.

En ese marco, Valda lamentó que a la fecha el canciller, Rogelio Mayta, o el ministro de Justicia, Iván Lima, no hagan pública la resolución de medidas cautelares que ha otorgado la CIDH a favor del líder cocalero.

“La CIDH ya ha remitido al Estado boliviano una resolución de otorgación de medidas cautelares las cuales están vigentes y el Estado no está cumpliendo, no solamente eso, sino está ocultando y encubriendo la tortura que ha sufrido César Apaza”, dijo.

Valda aclaró que el otorgar medidas cautelares, supone que Apaza debería estar siendo atendido por profesionales médicos, que él y su familia deberían estar protegidos por el Estado y no “atacados”, y debería estar siendo tratado como inocente y por ello defenderse en libertad.

Apuntó que gracias a la colaboración de legisladores nacionales se logró pagar los servicios de un fisioterapeuta que ya visitó a Apaza en dos ocasiones.

A su turno, Cossío aclaró que en el informe solicitado por la CIDH al Estado, ellos (Gobierno) negaron actos en contra de César Apaza.

“(Niegan) que no se le haya otorgado la atención médica, refieren que César Apaza se resiste a ser valorado por los médicos. Refieren que tiene un estado de salud bueno, que no está pasando por ningún tipo de enfermedades, minimizan la condición de salud de César Apaza, empero, pese a todo, ellos han determinado tutelar a César Apaza porque se ha demostrado que el Estado boliviano sí ha cometido vulneración de derechos de Apaza”, dijo.