Desde hace años, la detención preventiva está de moda y por encima de la presunción de inocencia, no obstante en los últimos meses el extremo se agudizó porque se convirtió en indefinida, tal como sucede con la expresidenta Jeanine Añez, quien lleva más de dos años encerrada, al igual que otras 56 exautoridades que están procesados por un supuesto golpe de Estado en 2019, manifestó a EL DIARIO el abogado constitucionalista, Jorge Santistevan.

“Hace tiempo que la detención preventiva se convirtió en indefinida; lamentablemente el Gobierno ha transformado a operadores de justicia en su brazo represor, como el caso de la expresidenta Jeanine Añez, que está siendo procesada fuera de la norma, en vía ordinaria, cuando le corresponde un juicio de responsabilidades”, manifestó.

El jurista explicó que el plazo máximo para una detención preventiva es de 180 días (seis meses) y por etapas, los más lógico, empero ese extremo no se respeta, más aun en el caso de los considerados “presos políticos”.

“Si en tres meses, según el caso, la investigación no concluye, amplían, pero no puede ser más de seis meses porque el sistema estaría fallando en contra de los derechos fundamentales que tiene una persona que supuestamente está siendo denunciada. Después de ese tiempo pasa a ser víctima como Jeanine Añez”, precisó.

De acuerdo a una publicación de ANF, el promedio de nuevos encarcelados era de 1.000 por gestión, aunque en 2022 se incrementó a al menos 7.000, unas 580 personas por mes. Los datos develan que quienes están en las cárceles son en su mayoría personas acusadas de narcomenudeo y pequeños robos, quienes fueron enviadas a prisión mientras sigue la investigación y se les enjuicia.

“Si el Ministerio Público no pudo demostrar con las evidencias suficientes la participación en el delito, no es razonable, no es justo que los tenga encerrados”, dice Ramiro Orías, abogado oficial de la Fundación para el Debido Proceso, que concluye que “hoy la detención preventiva no es la excepción como establece la legislación”.

“Tres instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y dos leyes bolivianas se refieren a la excepcionalidad del uso de la detención preventiva. Pero pese a las recomendaciones reiteradas de las organizaciones internacionales como la CIDH, Bolivia ha continuado con el uso abusivo de la detención preventiva, que se explica por la combinación de varios factores como las constantes reformas a la legislación, la falta de capacitación de los jueces y fiscales, la corrupción, la presión social y mediática y el uso de la medida cautelar como un arma política, que recae sobre todo en la población de ingresos bajos que carece de la posibilidad de defenderse en un sistema atestado de procesos y con tiempos demasiado largos”, señala la publicación de la ANF.

PRESOS POLÍTICOS

El 14 de marzo de 2023, la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros cumplieron dos años de detención preventiva, imputados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el caso denominado golpe de Estado I. La medida extrema ya fue ampliada en seis ocasiones.

En ese marco, Santistevan advirtió que el Gobierno no solo vulnera normas nacionales, sino internacionales, porque no cumple tratados ni convenciones, respecto al respeto a Derechos Humanos (DDHH).

“El Gobierno está vulnerando el Pacto de San José de Costa Rica, en sus artículos quinto, octavo, onceavo, 24 y en adelante, pero lo más importante es cuando vulneran la integridad psíquica y moral de un detenido”, aseveró.

En ese marco aclaró que en el caso de Añez, vulneraron el artículo octavo que refiere garantías judiciales, ya que clasifican quiénes van a ser procesados y a quiénes exonerarán, por ello, todos los recursos que sean planteados serán rechazados.

“Por ejemplo, Evo Morales, que supuestamente es la víctima del supuesto golpe de Estado, ni siquiera lo convocan a declarar porque él es quien ha provocado ese vacío de poder, para que involuntariamente recaiga (el poder) en Jeanine Añez. En complicidad con sus parlamentarios, gabinete ministerial y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Morales creó el vacío de poder, porque todos renunciaron”, recordó.

Apuntó que al crear el vacío de poder, Morales intentó que una cúpula civil – militar se haga cargo del poder para que transitoriamente le devuelvan el poder, después de estar en el exterior supuestamente “golpeado”.

“Ante la negativa del Estado Mayor, (William) Kaliman (excomandante de las FFAA) no llega a concretar ese plan, es por eso que en represalia a esos militares es que han activado el caso de supuesto terrorismo donde todos ellos entran a la cárcel y están con detención preventiva”, lamentó.

Aseveró que horas antes de que se cumpla la detención preventiva de alguno de los imputados, aparece un nuevo delito por el que se amplía la investigación convirtiéndose en una espiral sin fin.

SEDICIÓN

Por otro lado, aclaró que la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Penal, especifican que si teniendo la capacidad de impedir un acto de sedición, no lo hicieren, serán penados por ley, y los exlegisladores que renunciaron después que lo hizo Morales, también tienen que aclarar los hechos.

“Tras la renuncia de Morales empezaron a renunciar en masa, teniendo la oportunidad de acceder al poder, reemplazar a Evo Morales ya que él había renunciado de acuerdo al orden de prelación, pero ahora cínicamente reclaman el no haber accedido (al poder) porque había un vacío e hicieron la sesión del Senado en la que se proclamó como primera vicepresidenta a Jeanine Añez quien después asumió el poder”, recordó.

En ese marco cuestionó: “¿Dónde estaba Adriana Salvatierra, dónde estaba el presidente de la Asamblea Legislativa, es una vergüenza lo que ha ocurrido con los políticos que ahora se consideran víctimas, no tienen el valor civil para ir a prestar declaraciones”.

Asimismo recordó que el artículo referido a sedición, ya no está vigente por conveniencia del Gobierno.

DECLARACIÓN DE MORALES

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó el viernes que solicitó al Servicio General de Identificación Personal (Segip) información sobre la dirección del domicilio de Morales y del exvicepresidente Álvaro García.

“Lo que ha pedido parte de la oposición, el grupo de opositores en este caso, han señalado que se les pueda citar tanto al señor Álvaro García Linera como al señor Evo Morales, sin embargo de aquello, el fiscal en su momento ha indicado que previamente a aquello se realiza una verificación por parte del Segip de sus domicilios”, explicó

Precisó que una vez se realice la verificación, la comisión de fiscales verá la pertinencia de convocarlos a declarar o no, situación que aún no fue analizada ni definida.

CONADE Y DDHH

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y representaciones de DDHH, registraron 157 procesados por el caso de supuesto golpe de Estado, que fue “desdoblado” en I y II.

Para el vocero de Conade, Manuel Morales, este número representa el grado de persecución política y el deterioro de la democracia “que ha sido secuestrada por el MAS”.

Jorge Valda, abogado de un grupo de los considerados “perseguidos políticos”, denunció que todos sus defendidos sobrepasaron el límite de la detención preventiva de seis meses establecida en la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal.

La exdiputada Lidia Patty impulsora del caso golpe de Estado I insistió que las personas que “desestabilizaron” y “financiaron estas acciones” contra el gobierno de Evo Morales deben ser detenidas.

Además de Añez, por el supuesto golpe de Estado están procesados Álvaro Coímbra, Rodrigo Guzmán, Flavio Gustavo Arce San Martin, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Torranzo, Jorge Terceros Lara,

Gonzalo Jarjury Rada, Marco Pumari, Luis Fernando Camacho, José Luis Camacho, entre otros.