Exigiendo al Gobierno un “cambio de timón” en las actuales políticas económicas para favorecer la protección del medio ambiente y de la economía nacional, la senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek se adhirió a la propuesta para que cooperativas mineras auríferas paguen el precio internacional de los carburantes que utilizan para sus actividades y que el impacto negativo de esta determinación no sea trasladado a los sectores más empobrecidos.

En una carta dirigida al Presidente del Estado, Rek añade que más de 1500 cooperativas mineras que operan legalmente en el país estarían afectando al medio ambiente por el uso indiscriminado de mercurio; además que existen denuncias que están ingresando a áreas protegidas y desplazando de sus hogares a pueblos indígenas; desviando el curso de los ríos y destruyendo la selva, lo que genera un daño incalculable e inmenso.

“En mi calidad de Senadora Nacional, coincido en que es inaudito y escandaloso que las cooperativas auríferas sean subvencionadas por el Estado con alrededor de 500 millones de dólares para que sigan explotando y deteriorando el medio ambiente, por lo que es imprescindible que se analice y revise la subvención para esta actividad”, señala parte de la nota remitida por la Senadora al presidente Luis Arce.

En un amplio detalle de lo que actualmente sucede en el país con el tema de la explotación minera, especialmente aurífera, Rek sostiene que las grandes cooperativas mineras están asociadas con empresas extranjeras, especialmente chinas, rusas, colombianas y chilenas, a las cuales no les interesa el inmenso daño que ocasionan al medio ambiente del país.

“Otro aspecto que es objeto de denuncia es la presencia de empresas privadas extranjeras, cuando la Ley de cooperativas prohíbe asociarse con empresas privadas para incrementar su producción; pero las grandes cooperativas están todas asociadas a empresas privadas que explotan masivamente el oro y dañan el medio ambiente sin ningún reparo”, añade.

La senadora por Santa Cruz también se refiere a los daños ocasionados en la salud de los pueblos indígenas y poblaciones costeras por la minería del oro, que opera en los ríos donde usan el mercurio para la extracción de ese mineral.

“Otro estudio realizado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, en coordinación con Cedib, permitió conocer los efectos ambientales, sociales y económicos que tiene la minería ilegal en los territorios indígenas de los pueblos Ese Ejja, Tacana y Kabineño. Los resultados indicaron que a lo largo de 172 kilómetros de la cuenca del Madre de Dios operan 180 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro y que esa cantidad de balsas liberaron por lo menos 259 kilogramos de mercurio en el aire y en el agua”, señaló.

La senadora de la agrupación Creemos retiró su pedido al primer mandatario, para que ejerza un giro en su modelo económico que podría repercutir como una ayuda a la crisis económica que atraviesa el país y que tiende a agudizarse.

“Estos son algunos elementos que traigo a colación y que sustentan el planteamiento de la Fundación Jubileo, en consecuencia, me adhiero y apoyo la propuesta de quitar la subvención de $us 500 millones en diésel a cooperativas auríferas, debido al severo daño ambiental que están ocasionando y que eliminar este “beneficio” podría, incluso, ayudar a la crisis económica de su gobierno”, resalta la misiva de la senadora.