La jueza Elena Genio Limachi retiró ayer a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la audiencia de juicio por el incendio de la casa e intento de asesinato a la familia del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, informó a EL DIARIO, el abogado Franco Albarracín.

El jurista recordó que las audiencias son públicas, salvo que el caso esté declarado en reserva, extremo que no aplica en este proceso, por lo que en reiteradas oportunidades pidió a la jueza el ingreso de la CIDH, empero sin justificativo ni razón la jueza Genio negó la solicitud.

Albarracín precisó que por el mandato del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH puede, con autorización, en teoría, del Tribunal Supremo de Justicia, participar en las distintas audiencias por los hechos que derivaron de la crisis política de 2019.

“Se supone que deberían poder estar en las audiencias por el incendio de mi casa y el intento de asesinar a mi familia con ese incendio, pero el día de hoy (ayer), en la audiencia más importante de todo el juicio oral, donde declararon los testigos claves del juicio, para identificar a los autores, la jueza retira a los representantes de la CIDH, a pesar de mi queja que la hice en tres ocasiones, la jueza, sin fundamento, ni razón decidió negar mi petición y retirar y no volver a ingresar a los representantes de la CIDH, esto obviamente tenía su trasfondo (…) el comportamiento (en el resto de la audiencia) de la jueza fue totalmente parcializado”, explicó.

El jurista explicó que la CIDH participó de las demás audiencias sin ningún tipo de restricción, empero la audiencia “más importante” donde declararon cinco testigos propuestos por los denunciantes, personas que estaban en el lugar de los hechos, no pudieron estar presentes.

LA QUEMA

La casa de Albarracín fue quemada la noche del 10 de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales, contra quien Albarracín había protagonizado reclamos en defensa del llamado 21-F.

El GIEI estableció que las quemas de la casa de Albarracín y de la periodista Casimira Lema, fueron hechos premeditadamente.

“Las coincidencias de fecha, horarios y modalidades de violencia entre este hecho y otros ataques ocurridos esa misma noche son indicativas de una planificación previa y de una actuación coordinada entre los responsables”, indica el informe.

En la oportunidad, Albarracín señaló que en la destrucción de su vivienda participaron más de 300 personas, pero la Fiscalía solo investigó a unas cinco. Tres de ellas se encuentran en juicio oral, dos varones y una mujer.

Albarracín, quien es integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), había sido agredido con gas lacrimógeno y de un golpe en la cabeza el 21 de octubre de 2021, en una protesta opositora después de las elecciones presidenciales que fueron anuladas.

INFORME INTERNACIONAL

El informe anual de Amnistía Internacional, publicado el 28 de marzo de 2023, denuncia que las organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) llevan más de 10 años advirtiendo del deterioro persistente de este flagelo que se está produciendo y el Estado de derecho.

“¿En qué punto de ese deterioro se sitúa el año 2022? ¿Ha sido otro año desastroso para los derechos humanos? ¿Ha tocado un nuevo fondo la quiebra de las normas internacionales? De ser así, ¿qué debe hacer la comunidad global al respecto?”, cuestionan.

Parte del documento señala que las autoridades no protegieron a las personas defensoras de los derechos ambientales, que, según las organizaciones locales, fueron objeto de al menos 200 agresiones y amenazas durante el año. Entre las agresiones figuraban casos de secuestro y la quema de campamentos comunitarios en los que se alojaban muchas de ellas.

“Varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como Waldo y Franco Albarracín, siguieron denunciando amenazas contra ellos y sus familias, así como estigmatización y hostigamiento persistentes por parte de las autoridades. Waldo Albarracín también fue sometido a procedimientos penales que carecían de garantías procesales”, señala el documento.