ANF recibió las denuncias de internos de varias secciones del penal de San Pedro, de familiares y además accedió a las planillas de los cobros de una de las secciones en las que se registran los distintos cobros, entre ellos el ingreso a la sección.

Los internos señalaron que el abuso es tal que se asemeja a la época del delegado Víctor Hugo Mendoza -trasladado en 2018-, que ejercía un control total del penal, con tratos humillantes y tortura a los reclusos en complicidad con las autoridades del recinto, y esa situación, señalaron, se replica ahora con el delegado Kevin Fernández, que es identificado como el responsable de la muerte del interno conocido como el “Boika”, además de realizar cobros extorsivos y el manejo de la venta de alcohol y droga.

“Los maltratos son constantes, cada detenido que llega es llevado al consejo de delegados, los internos que están direccionados -es decir que tienen previo acuerdo para que vayan a una sección- no les pasa nada, pero los que llegan al sorteo (para las secciones) son apaleados por los disciplinas que son unos malditos, ni qué decir el cabo policía, si o si apalean a la persona que no tiene plata, pero quien tiene plata se salva”, dijo a ANF un interno que pidió la reservas de su nombre.

El 3 de marzo el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, dijo sobre el traslado de 10 privados de libertad de San Pedro que eran de “peligrosidad” y estaban vinculados a la muerte del “Boika”, a hechos lucrativos de espacios públicos y a la extorsión. Los familiares de los reubicados rechazaron esas aseveraciones y denunciaron que el propósito de los traslados era para encubrir al delegado Fernández. Para el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos las supuestas medidas para el control de las cárceles en realidad tienen que ver con “hacer algo para en realidad no hacer nada”, debido a que las cárceles siempre vuelven a su estado donde hay robo, extorsión, venta de drogas, alcohol y abusos.

Los internos señalaron a ANF que antes los cobros exigidos eran de hasta 1.500 bolivianos para entrar a una sección y este dinero era destinado al mantenimiento ante la ausencia del Estado, pero ahora los cobros superan los 7.000 bolivianos y “muchos que vienen de provincia están llorando, no tienen para pagar”.

Los delegados dan plazo de tres días para que el nuevo interno pague la extorsión, incluso facilita el celular para que el recluso llame a su familia, sino paga es sometido a tratos crueles, golpizas y azotes con cables gruesos, es llevado a sectores donde las condiciones de subsistencia son infrahumanas como en el caso de cocina, un lugar de hacinamiento y enfermedad. O los mantienen como limpieza de las secciones, no les dejan dormir o les aplican ahogos con agua, como ocurre en la sección Chonchocorito, considerado la “mina de plata” del coronel del penal.

“Hay extorsión en todas las secciones, hay en San Martín, en Pinos, en Guanay, en Prefectura, en Álamos, en Palmar, son de la rama de Víctor Hugo Mendoza, es injusto lo que están haciendo”, dijo a ANF otro interno.

La voracidad de los delegados por los cobros es cada vez peor, “a los nuevos les sacan cinco mil, siete mil bolivianos, están exagerando en las extorsiones, hay personas que están llorando, si apenas tienen para dar de comer a sus hijos, con esa extorsión su situación será peor, deben de quitarles los alimentos a sus hijos para que paguen la extorsión que luego lo usan los delegados para drogarse, andan borrachos todavía”. (ANF).