En nuestro país el contrabando continúa creciendo, por varios factores, como el creciente desempleo debido a la desaparición de empleos formales. Sin embargo, el tema ha dado lugar a opiniones diversas. Inicialmente se observa que se ha pasado del contrabando “hormiga” a las importaciones ilegales en gran escala, por las cuales grandes organizaciones de comerciantes ilegales reciben jugosas ganancias, sin que los organismos de control estatal les hagan mella. Y es que ningún contrabandista de peso ha sido encarcelado y se asevera que en dicho negocio irregular están involucrados hasta políticos, familias y allegados. Siendo apetecidos los puestos aduaneros, no faltan quienes ofrecen trabajar en fronteras de manera gratuita.

En cuanto a los consumidores, muchos buscan artículos con precios accesibles y de aceptable calidad, por lo que recurren al comercio informal. Inclusive se hace notar que la inflación es baja en el país por los precios menores de los productos que ingresan vía contrabando. Sin embargo, la expansión del comercio informal afecta a miles de empresas nacionales legales, que no pueden competir con los precios bajos de los productos introducidos por contrabando, por lo que se cierran fábricas, otras reducen sus actividades, lo que implica pérdida de empleos formales. Entre los rubros afectados se menciona a los de alimentos, medicamentos, textiles y muebles, entre otros.

En consecuencia, mientras la industria nacional queda en estado de deterioro, prolifera el comercio irregular que no da factura, ante la pasividad de los organismos de control, cuya labor se limita a algunos decomisos cada cierto tiempo y solo es estricta cuando se trata de vigilar a las empresas formales.

En cuanto al dinero que mueve el contrabando es elevado, pero no se cuenta con cifras exactas, por cuanto se trae productos de otros países, pero también se los lleva, dependiendo de la oferta y la demanda. También cabe mencionar a los combustibles que van a países vecinos, al oro peruano que sale de Bolivia.

Por lo mencionado, es indudable que no se protege a la industria nacional y las condiciones siguen siendo favorables para que se amplíe el contrabando. Prueba de ello es la creciente venta de ropa usada, de motorizados chutos, fármacos de dudoso origen, etc. En consecuencia, el gobierno de turno debería aplicar medidas efectivas para limitar el ingreso furtivo de todo tipo de mercadería si no se quiere que la producción nacional desaparezca y con ella miles de empleos, agravando el nivel de pobreza en el país.

Tampoco se debería continuar hostigando a las empresas formales, con exagerada vigilancia tributaria, mientras otros sectores se enriquecen a la vista y paciencia de la población, como los grandes contrabandistas, narcotraficantes, avasalladores de tierras o mineros ilegales.