El Ministerio Público imputó al expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, por los presuntos delitos de terrorismo en grado de complicidad, uso indebido de bienes y servicios públicos, además de asociación delictuosa, dentro del caso de supuesto golpe de Estado de 2019.

El fiscal Omar Mejillones adelantó que en la audiencia cautelar del excívico se solicitará su detención preventiva, por seis meses, debido a que en la resolución de imputación formal se advierte que existen riesgos procesales como fuga y obstaculización.

Inicialmente, la audiencia de Pumari estaba fijada para el 15 de agosto de 2023, sin embargo, fue suspendida sin fecha ni hora definida.

“No nos han notificado, no hemos tomado conocimiento, seguramente la autoridad jurisdiccional va a cumplir esa formalidad para que nosotros nos constituyamos”, añadió Mejillones, según publicación de Erbol.

En abril de 2023, se conoció que el Ministerio de Gobierno presentó una ampliación de denuncia en contra de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Eduardo León, porque los tres ingresaron al Palacio de Gobierno el 10 de noviembre de 2019, en medio del conflicto político donde renunció Evo Morales.

Ese 10 de noviembre, Camacho junto a Pumari y León lograron ingresar al Palacio Quemado llevando una bandera boliviana, una biblia y la carta donde pedían la renuncia de Evo Morales.

En ese entonces Camacho y Pumari eran dirigentes cívicos que encabezaron las movilizaciones contra Evo Morales y las elecciones tildadas de fraudulentas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que León es un abogado identificado con la oposición de entonces.

Según la denuncia del Ministerio de Gobierno, el ingreso de estas personas a Palacio de Gobierno, se constituyó en un accionar arbitrario y delictivo, toda vez que se produjo minutos antes de que se hiciera pública la renuncia de Evo Morales.

Para el Ministerio de Gobierno, Morales aún estaba a cargo de Palacio, mientras que Camacho y sus acompañantes ingresaron a un “sitio de trabajo”, valiéndose de “amedrentamientos” y “convocatorias que generaron violencia y conflictos entre bolivianos”.

En mayo de este año, el también excandidato a la Gobernación de Potosí, se acogió a su derecho de guardar silencio, en su declaración informativa.

DETENIDO

Marco Antonio Pumari, también excandidato a la Vicepresidencia por la alianza Creemos fue aprehendido el 9 de diciembre de 2021 y se instruyó su traslado a la cárcel de Uncía, donde inicialmente debía cumplir seis meses de detención, aunque luego se redujo ese tiempo a cuatro meses.

El exdirigente de Comcipo es procesado por la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED), durante las manifestaciones en 2019. Fue imputado por la presunta comisión de los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, robo agravado, allanamiento, daño calificado y delitos electorales de obstrucción.

Pumari permanece recluido en el penal de penal de Cantumarca de la Villa Imperial.

En la oportunidad, el abogado Justo Fernández Guzmán denunció que al excívico de Potosí, le vulneraron al menos siete derechos fundamentales al detenerlo en horas de la noche, sin orden de aprehensión conocida y llevarlo a 32 kilómetros del lugar para que un juzgado local resuelva las medidas cautelares.

A estas irregularidades se suman que al jurista le negaron el acceso al cuaderno de investigaciones, lo que dejó en “indefensión absoluta” a su patrocinado.

“No entendemos los motivos por los cuales lo han trasladado en la localidad de Betanzos, él fue aprehendido en la avenida Murillo de la ciudad de Potosí, y por su naturaleza el proceso tiene que ventilarse en la ciudad de Potosí, y los juzgados que seguramente conocen esta causa no pueden bajo ningún concepto trasladarse a un lugar distinto a la ciudad, tomando en cuenta que al presente existe el juez que ha emitido la orden de allanamiento”, señaló Fernández a ANF, cuando Pumari fue aprehendido.

Sobre los indicios de la Fiscalía contra Pumari, dijo que no pudo acceder al cuaderno de investigaciones “en absoluto” debido a que personal policial no le permitió ingresar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en Betanzos, lo que implica una vulneración al derecho a la defensa.