Señalan que una vez más, con las decisiones del Judicial hechas a medida de intereses del poder de turno, o “fallos sastre”, se evidencia que existe un Gobierno de facto judicial que no tiene límites.
> De promulgarse el proyecto de ley 075, se cesaría a los magistrados autoprorrogados en sus funciones inmediatamente, con lo que procedería convocar a sus suplentes para un interinato excepcional, logrando garantizar comicios judiciales, explicó el abogado.

Luego de que un fallo judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara desierta la convocatoria a magistrados en cinco departamentos, estas decisiones del Órgano Judicial, hechas a medida del poder de turno, confirman que el país vive bajo un “gobierno de facto judicial sin límites”, según el análisis del abogado constitucionalista, Israel Quino.
“Una vez más, el autoprorrogado Tribunal Constitucional Plurinacional, con sus “fallos sastre” hechos a medida de los interesados, hoy tenemos un Gobierno de facto judicial que no tiene límites, o los tiene cuando sus pronunciamientos son funcionales a los grupos de las esferas del poder”, señaló Quino en sus redes sociales.
Estas declaraciones surgen luego de conocerse que el TCP decidió ayer suspender nuevamente las elecciones judiciales en cinco departamentos, al dejar desiertas las candidaturas para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, así como el proceso para autoridades del TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, de acuerdo con lo que dicta la sentencia 070/2024.
Para Quino, el TCP paralizó nuevamente el proceso electoral en departamentos “donde le interesa que cambien a sus miembros”, pero manteniendo la “hegemonía de la Sala del terror en Sucre”, en referencia a la sede de la máxima instancia del Poder Judicial.
En criterio del jurista, esta acción implicaría que la Asamblea Legislativa Plurinacional “debe sancionar una nueva ley de convocatoria del proceso de preselección judicial para el segundo semestre del año 2026 y cuyas autoridades electas recién ingresarían en funciones el año 2027”.
Quino explica, en su publicación, que el Artículo 87 de la ley del Régimen Electoral N°026 dispone que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) “no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato convocados por Ley”.
Dado que el 2025 se tiene previsto la realización de elecciones generales, y que para el 2026 se planificó llevarse a cabo las elecciones subnacionales, lo expuesto por el jurista implica que en ninguna de esas dos gestiones podrán celebrarse comicios parciales para los departamentos, en los cuales se resolvió ayer anular los procesos de elecciones.
Sin embargo, advierte Quino, existe una salida constitucional: la promulgación del Proyecto de Ley 075, con el cual se cesaría a los magistrados “autoprorrogrados” en sus funciones de manera inmediata.
En este escenario, correspondería “convocar a sus suplentes para el ejercicio excepcional del cargo y garantizar comicios judiciales”, explicó el jurista, a fin de que se elijan jueces por voto en Bolivia “por última vez”, como ha planteado reiteradamente en pasadas ocasiones.