“El sicariato judicial” que la procesa no tiene competencia para enjuiciarla y está “sometido al régimen” del presidente del Estado, Luis Arce, el cual pretende condenarla por genocidio “como si fuera el Che, Fidel, Putin, Stalin o cualquiera de sus asesinos”, expresó la expresidenta.
> El juicio oral contra Áñez, tres de sus exministros y otros 14 acusados, entre los que figuran exjefes castrenses y de la Policía, se celebrará el lunes 2 de septiembre desde las 09:00 de manera virtual.

El fiscal superior, Sergio Fajardo, informó ayer que la comisión de fiscales del caso “Senkata” pedirá la máxima sentencia para 18 acusados por el delito de Genocidio, en el juicio que iniciará el 2 de septiembre de 2024. Entre los acusados están la expresidenta interina del Estado, Jeanine Áñez, tres de sus exministros, una decena de exjefes militares y tres excomandantes de Policía; en palabras de Áñez, el Gobierno puso fecha para su “linchamiento”.
Al respecto, la exmandataria se pronunció lamentando que la Justicia boliviana sometida al masismo, a la que denomina “sicariato judicial”, la condene por un delito que es atribuible a líderes históricos de la izquierda internacional como Fidel Castro o Josef Stalin, a quienes llamó “asesinos”.
“Han puesto fecha a mi linchamiento: 2 de septiembre. El sicariato judicial, organización incompetente para juzgar a una expresidenta y sometido al régimen de Arce y Evo Morales, me condenará por ‘genocidio’ como si fuera el Che, Fidel, Putin, Stalin o cualquiera de sus asesinos”, expresó Áñez en una publicación en sus redes sociales, en la que adjunta el auto de apertura del juicio oral, a celebrarse ese día de manera virtual desde las 09:00.
Por su lado, Fajardo aseveró que la Comisión de Fiscales del caso Senkata requerirá la máxima pena para Áñez y el resto de acusados, “toda vez de que se acreditó la existencia del hecho a través de la prueba documental presentada”. En criterio de la Fiscalía, el Requerimiento Conclusivo presentado contiene un legajo probatorio con más de 700 elementos probatorios que sustentan la tesis acusatoria.
Entre los elementos de prueba de la investigación existen 25 dictámenes periciales, casi 450 pruebas documentales y 11 informes técnicos. Asimismo, se habrían realizado 126 entrevistas, 40 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 informativas de efectivos policiales y 50 entrevistas informativas a víctimas, entre otras, según una nota de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El auto de apertura del juicio oral fue emitido el 3 de julio del 2024 por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres de la ciudad de El Alto, según dicta el documento compartido por Áñez.

CASO SENKATA
Entre octubre y noviembre de 2019, Bolivia atravesaba un escenario de conflictividad social y política por las denuncias de fraude electoral en favor del entonces presidente del Estado, Evo Morales. Como tal panorama lo obligó a renunciar a la silla presidencial, esto derivó en que Áñez asuma la presidencia tras varios días de acefalía de poder, pues el vicepresidente, Álvaro García Linera también había presentado su renuncia.
Sin embargo, ante la polarización social recalcitrante y el rechazo de algunos sectores de la población al nuevo gabinete de gobierno, se registraron manifestaciones y marchas en apoyo al Movimiento al Socialismo (MAS), el cual posicionó la versión de que existió un golpe de Estado por parte de Áñez y las fuerzas castrenses para derrocar a Morales. Esta teoría fue apoyada por el hecho de que se conoció que el Alto Mando militar recomendó a Morales renunciar a la presidencia ante la crisis social.
Entre estas manifestaciones, el 19 de noviembre se registró un bloqueo a una planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona de Senkata, en El Alto. Efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta para evitar daños en la planta. La Fiscalía sostiene que hubo una represión desproporcionada en contra de manifestantes civiles desarmados, en el que se habrían usado “armas con municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza”.
Estos hechos dejaron como resultado el saldo de diez personas fallecidas y “un centenar” de heridos, todos por impacto de proyectil de arma de fuego, agregó la FGE.

LOS 18 ACUSADOS
Además de Áñez, están acusados en este caso el exministro de Gobierno, Arturo Murillo; el exministro de Defensa, Luis Fernando López; el exministro de Hidrocarburos, Víctor Z. C., y el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis F. V.
Entre los exjefes militares acusados, figuran el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Sergio C.O.C.; el exjefe de Estado Mayor, Pablo A.G.C.; el exinspector General de las FFAA, Aldo B.M.; el excomandante de la Armada, Moisés O.M.H.; el excomandante de la Fuerza Aérea, Ciro O.Á.G.; el excomandante del Ejército, Iván P.I.R.; el excomandante de la Mecanizada I, Franko O.S.G.; el exsubjefe del Departamento Tercero de Logística, Julio C.T.R.; el exsubcomandante del Regimiento de Satinadores I Germán Busch de Challapata, Miguel E.S.S.; y el exsubcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia de Yacuiba, Alfredo M.I.G.
Finalmente, entre los exjefes implicados de la institución verde olivo, están el excomandante General de la Policía; Rodolfo A.M.T.; el excomandante Departamental de La Paz, Julio W.C.A.; y el excomandante Regional de la Policía de El Alto, Eloy I.R.D.C.