El exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz, involucrado en presuntas coimas millonarias, fue aprehendido ayer y conducido a celdas policiales donde espera la imputación formal, y su posterior audiencia cautelar donde un juez definirá su situación jurídica.
El exministro que fue citado para declarar hoy por este caso, se adelantó y la mañana de ayer llegó a oficinas del Ministerio Público de La Paz.
A las 15.00 horas de ayer, aproximadamente, se conoció que la exautoridad se quedó detenida tras la ejecución de una orden de aprehensión fiscal.
“Vamos a presentar la imputación formal correspondiente y una vez presentados los datos en los plazos que la ley nos otorga, vamos a informar lo que se defina”, dijo el fiscal Franklin Alborta, asignado al caso.
Posteriormente la exautoridad salió de las oficinas de la Fiscalía, en medio de un fuerte resguardo policial que lo condujo a una patrulla, que esperaba en la puerta, para conducirlo hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece actualmente.
La Fiscalía tiene 24 horas para definir el delito o los delitos por los que imputará a la exautoridad y la medida que solicitará ante un juez, medidas sustitutivas o detención preventiva.
Una vez que la Fiscalía presente la imputación contra Santos Cruz, un Juzgado tendrá 24 horas para llamar a una audiencia de medidas cautelares donde se definirá si el exministro del MMAyA se defiende en libertad o detenido.
EL CASO
La semana pasada se conoció que Santos Cruz supuestamente formó una red de corrupción con funcionarios del MMAyA, quienes se encargaban de lavar el dinero producto del cobro de coimas a varias empresas. La informante que denunció el caso de corrupción indicó que desde el 2020 presuntamente recaudó Bs 20 millones.
Según la denuncia de la “recaudadora”, el exministro Santos Cruz recolectó al menos 20 millones de bolivianos, provenientes de coimas a empresas que se adjudicaban obras en el MMAyA. Con esos recursos, la exautoridad compró unos 30 inmuebles en Pando y Tarija, mismos que puso a nombre de sus familiares.
La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, manifestó ayer que los dos funcionarios, que fueron enviados con detención preventiva, el pasado fin de semana, por este proceso, adquirieron al menos 11 inmuebles en tres meses.
“Se ha tenido evidencia y documentación que Jhonny S. (sobrino de la exautoridad) ha adquirido en un solo día cinco inmuebles y ha tenido movimiento inusual en sus cuentas por 1.2 millones de bolivianos”, precisó Ríos.
La otra persona con detención preventiva es Rosa Viviana B., quien compró otros seis inmuebles en tres meses y se registró un movimiento inusual en sus cuentas por 1.2 millones de bolivianos.
En ese marco, Ríos apuntó que la información sobre estas operaciones ha sido clave para sustentar su denuncia en la Fiscalía; sin embargo, los involucrados no colaboran con la investigación.
“Se han acogido a su derecho al silencio. No han aportado información que pueda desvirtuar lo que tenemos documentado”, afirmó la funcionaria.
Asimismo, Ríos aseveró que existen movimientos en las cuentas de Jhonny S. y Viviana B., relacionados con el exministro; empero no superan los Bs 100.000.
Agregó que se inició el proceso de investigación que cuenta con avances significativos basados en información objetiva. “Ya se cuenta con la declaración del señor Juan Santos y también se ha pedido la citación de la señora Claudia C. (denunciante) para que declare y brinde toda la información que ha señalado públicamente en los medios”.
Ríos indicó que, en función a la información recolectada, más las declaraciones de la exautoridad y de la denunciante, se contará con más detalles del proceso a fin de continuar con las investigaciones.
MANO DURA
Legisladores de oposición y oficialismo exigieron “mano dura” contra el exministro y que se investigue a la “red criminal de funcionarios públicos” que operaba en esa cartera de Estado.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, que denunció inicialmente los hechos de corrupción, manifestó que la justicia debe castigar con todo el peso de la ley a la exautoridad. También pidió que se recupere los recursos.
“Ahora recién tenemos la aprehensión del exministro. Nuestras denuncias (sobre corrupción) eran ciertas y en función a eso se tiene que castigar con todo el peso de la ley (…) No estamos para encubrir ni callar hechos de corrupción, la justicia debe actuar y recuperar esos recursos económicos, esos bienes que se han adquirido que no son pocos. Las cuentas y movimientos hay que investigar”, afirmó.
Por su parte el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi agregó que Santos Cruz debe ser enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y también señaló que se debe investigar a toda su red criminal que operaba en el Ministerio de Aguas.
“Lo que está claro que no solo es el exministro Santos, esta es una red de corrupción, tenía sus recaudadores y muchísimas personas familiares, trabajando, y muchísimos funcionarios públicos que también eran parte de esta red de corrupción. Estamos hablando de una red de organización criminal, por lo tanto ojala se establezcan responsabilidades”, dijo.