Como se recordará el proceso es seguido por los delitos de nombramientos Ilegales y usurpación de funciones al haberse nombrado como secretario General del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) al Universitario Max Mendoza sin cumplir los requisitos.
El cuestionado ejecutivo estudiantil de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza Parra, habría incurrido en cuatro tipos penales al haber accedido a un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sin cumplir requisitos legales ni tener mérito académico y ganar más de 21 mil bolivianos mensuales. Una estimación indica que en cuatro años en el cargo habría recibido 1.2 millones de bolivianos, de acuerdo a una pulbiación del diario Opinión en mayo del 2022.
En mayo de 2022, ANF informó que durante el congreso de universidades en Potosí, el rector de la Universidad Autónoma Tomas Frías, Pedro López, y otros 10 rectores, informaron que el dirigente estudiantil, Max Mendoza, fue expulsado del sistema universitario.
Anunciaron que se sumarán a las denuncias penales contra el aludido, además de Juan Bohórquez y Rodrigo Rodríguez, quienes lideraron el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) de manera interina desde 2018.
En julio de 2022, la UMSA, a través del Departamento de Asesoría Jurídica, solicitó a la Justicia la anotación preventiva de los bienes inmuebles de Max Mendoza, Justo Bohórquez y Rodrigo Rodríguez en el marco del proceso que se les sigue por usurpación de funciones y nombramientos ilegales, reportó página siete.
A pesar de todo, en enero de 2023, el Juzgado Tercero Anticorrupción determinó cesar la prisión preventiva del exdirigente universitario Max Mendoza, para otorgarle detención domiciliaria con fianza de 40 mil bolivianos, informaba Erbol.
Mendoza fue enviado a la cárcel de San Pedro en mayo, después de ser denunciado por hechos irregulares como asumir un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) cobrando salarios, sin cumplir requisitos ni tener título profesional.
Según explicó el querellante, en la audiencia se presentó una incongruencia porque la defensa de Mendoza por escrito intentó enervar los riesgos procesales, pero en la audiencia solicitó liberar al imputado porque ha fenecido el plazo de prisión. agencias